Según el documento propuesto por la Coalición SUMAR al PSOE, “La mayoría política y social que impulsó el cambio político en el Estado lo hizo para cerrar una etapa marcada por la corrupción y los recortes, y abrir una nueva basada en los derechos, la justicia social y el diálogo democrático. Ese rumbo fue refrendado de nuevo en las urnas en julio de 2023 por una mayoría progresista que otorgó un mandato claro: frenar a la derecha y la ultraderecha y profundizar en los avances sociales, feministas y ecológicos”.
Continúa el documento: “Hoy, ante los hechos conocidos, que no deben tener cabida en ningún proyecto progresista, es imprescindible actuar con firmeza. La corrupción no puede volver a ensuciar las instituciones ni generar más desafección entre quienes confiaron en este camino de transformación. Para que esta legislatura valga la pena para la mayoría social, necesitamos un nuevo impulso político centrado en dos prioridades: la regeneración democrática, con medidas ejemplares contra la corrupción y en defensa de unas instituciones limpias y al servicio de la ciudadanía; y el relanzamiento de la agenda social, que combata las desigualdades y dé respuesta a los retos económicos y territoriales del país”.
La coalición SUMAR afirma que “Estamos dispuestas a liderar ese nuevo horizonte con una propuesta de compromisos concretos que queremos activar con urgencia junto al resto de fuerzas progresistas” y, por ello proponen al Partido Socialistas la adopción de las siguientes medidas que supondrían una importante barrera contra la corrupción política en nuestro país:
- Ley Integral Anticorrupción:
— Garantizar que los corruptos y corruptores asumirán los costes, directos e indirectos de sus acciones, perjuicios a terceros, costes judiciales y restitución de derechos lesionados.
— Prohibición de 20 años para concurrir a concursos públicos de contratación de empresas condenadas por corrupción o sus directivos, en los últimos diez años. Asimismo, esta prohibición se ampliará a empresas vinculadas (por participación en capital, derechos de voto, filiales, grupos de empresas, control efectivo, vinculación contractual dominante y otras determinadas en el art. 18 LIS) y UTE’s en las que participe alguna sociedad condenada por delitos de corrupción.
2. Creación de una Agencia Independiente contra la Corrupción con capacidad para investigar, sancionar, colaborar con la Fiscalía y recibir denuncias anónimas (propuesta incluida en las recomendaciones GRECO y CE).
3. Ley expropiatoria de bienes o beneficios adquiridos mediante prácticas corruptas: debe perseguirse de forma especial el rol que juegan las empresas corruptoras y sus dirigentes, ampliando responsabilidades en el seno de la estructura empresarial corrupta.
4. Pleno monográfico sobre la corrupción en el Congreso de los Diputados, con la comparecencia del presidente del gobierno para depurar responsabilidades políticas y proponer medidas para la no repetición de las situaciones que se han producido recientemente.
5. Ampliación de los tipos penales, así como homogeneización de las penas de corrupción establecidas en el Código Penal, con otros delitos de la misma gravedad para corruptos y empresas corruptoras.
— Deben abordarse también las conductas de pasividad ante la corrupción en supuestos de conocimiento de estas prácticas y falta de denuncia por parte de sujetos de la estructura interna de las empresas, la administración o las organizaciones políticas y sociales.
— Endurecimiento del delito de cohecho o soborno impropio.
— Endurecimiento de las penas del delito fiscal y ampliación del plazo de prescripción.
— Extender la inhabilitación para ocupar cargos públicos a 30 años para los condenados por corrupción.
— Tipificar el delito de enriquecimiento ilícito injustificado de funcionarios públicos mediante la reforma del art. 438 bis del Código Penal incluyendo explícitamente a la función pública (como sucede en el artículo previo) y reduciendo la cuantía del enriquecimiento ilícito injustificado de 250.000€ a 50.000€.
— Prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos a condenados por delitos de corrupción.
6. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal orientada a agilizar la duración de las investigaciones que requieren los casos de corrupción.
7. Reforma de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos. Introduciendo que los partidos políticos asumirán el pago de multas o costas judiciales derivadas de delitos de corrupción de sus miembros, asumiendo así las consecuencias financieras por su deber “in vigilando” y reduciendo la tolerancia interna a la corrupción.
8. Fortalecer la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia para mejorar su independencia, competencias y recursos para prevenir influencias indebidas.
9. Creación de una Comisión de investigación sobre el caso Ábalos-Santos Cerdán, donde ningún gran partido disponga de una mayoría de bloqueo en la mesa, para depurar responsabilidades políticas.
10. Aumentar el número de jueces, magistrados y fiscales especializados en materia de anticorrupción, así como el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, tanto en medios materiales como humanos, incluidas las unidades policiales de supervisión y lucha contra la corrupción.
11. Aprobar un Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los grupos de interés (ley de lobbies) para la regulación de los grupos de interés y los incumplimientos e infracciones por parte de los grupos parlamentarios. En dicha norma se incluirá la necesidad de establecer nuevas competencias en materia de transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción dentro de alguna de las carteras ministeriales existentes. Asimismo se impulsará la creación de campañas publicitarias y de sensibilización contra la corrupción.
12. Poner en marcha de forma inmediata la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante.
A esta batería de medidas anticorrupción se suma otra de medidas de impulso de las políticas sociales, especialmente focalizadas en la vivienda. Sin ninguna duda, ahora la pelota está en el tejado socialista.
