Compartiendo plenamente el tono y el contenido del artículo de Carmen F. Peña, publicado en La Crónica del Parque, que con sensatez y memoria histórica recuerda los avances logrados en materia de servicios básicos en nuestros pueblos y “pone los puntos sobre las íes”, me permito hacer un punto y seguido con opiniones que pretenden ser complementarias, y añadir una visión que, más allá del pasado, contribuya a un debate necesario sobre los desafíos estructurales del presente y del futuro.
Es evidente que las sociedades —unas más que otras— han experimentado un desarrollo notable en las últimas dos décadas. Sin embargo, este reconocimiento no implica que debamos bajar la guardia. Al contrario: debemos estar vigilantes para evitar retrocesos en derechos conquistados, combatir nuevas carencias y, sobre todo, avanzar en soluciones frente a los retos actuales.
No se trata de negar lo que funciona. Se trata de exigir que lo que aún no funciona, lo haga correctamente. Se trata de ser conscientes de las nuevas realidades y de los problemas que se están forjando o están por venir, para poder encararlos de manera adecuada.
Un ejemplo evidente es la creciente presión que sufre nuestro territorio, como consecuencia de un desarrollo basado en el cemento que conlleva un aumento exponencial de la población estacional y del turismo, que en temporada alta multiplica por cinco —o más— el número de residentes. Una realidad que somete a las infraestructuras y servicios locales a un estrés para el que no están dimensionados.
Estas tensiones también vienen a aumentar carencias estructurales en ámbitos como el transporte público entre núcleos del Parque, retrocesos en la atención sanitaria, degradación del entorno natural o un deterioro de la convivencia y la calidad de vida. Como bien señala Carmen en su artículo, se percibe una preocupante involución en el civismo, así como un repunte de actitudes intolerantes y comportamientos racistas.
Por tanto, se trata de mirar con luces largas y preguntarnos si no es momento de apostar —con decisión— por un modelo de desarrollo económico sostenible, más colaborativo, centrado en las personas, en la economía local y en la protección de los recursos naturales del territorio. Al mismo tiempo, urge promover un modelo de convivencia basado en el respeto mutuo, la tolerancia y la garantía de derechos para todos. Este cambio de rumbo requiere la complicidad tanto de las instituciones públicas como del sector privado y, por supuesto, de los comportamientos individuales.
Hablamos de retos colectivos que nos afectan a todos, y que comprometen tanto la calidad de vida en el presente como las capacidades y derechos de las generaciones futuras.
Se trata, en definitiva, de conocer los problemas y dimensionarlos con realismo, para poder plantear soluciones eficaces y avanzar hacia un modelo de comunidad que se sustente en la convivencia y el bienestar de todos.
Sin esquivar problemas o conflictos de intereses ya sea en el ámbito de la seguridad vial, la contaminación acústica o lumínica, o de utilización de espacios públicos. Lo que implica buscar equilibrios entre el derecho a la actividad económica o el ocio nocturno y el derecho de las personas a la tranquilidad y el descanso en el interior de sus viviendas o el disfrute de espacios públicos.
Es cierto que la reiteración constante de problemas o denuncias —justificadas o no— si no va acompañado de propuestas y compromiso, puede resultar cansinas y generar desafección o rechazo. Pero también es cierto que la pasividad, la resignación o la ausencia de crítica normalizan el deterioro y alimentan la indiferencia.
Como ha afirmado recientemente el presidente de la Asociación Vecinal, José Francisco Cano, la queja reiterada pero sin compromiso o sin implicación real para ayudar a cambiar las cosas, transmite un hartazgo de problemas a quienes también están hartos, generando incomodidad y rechazo ante lo que acaba siendo percibido como un altavoz excesivamente ruidoso.
Por eso, cuando en una comunidad surgen problemas que afectan al bienestar colectivo y comprometen el futuro común, y cuando esos problemas superan la capacidad de respuesta individual, la indiferencia no debería ser una opción.
Si no queremos retrocesos en la convivencia y en la calidad de vida; si no queremos que los recursos naturales del entorno se degraden, que nuestros pueblos se conviertan en parques temáticos y terminen muriendo de éxito; si no queremos que se pierdan derechos conquistados, y si de verdad queremos avanzar hacia un modelo de vida más digno y humano, entonces comprometámonos.
Sumemos esfuerzos y fortalezcamos las asociaciones vecinales, como instrumentos democrático, útiles y necesarios para defender los intereses vecinales comunes, abordar problemas no resueltos y cubrir necesidades que nos afectan a todos.
