El Gobierno ha desestimado el recurso de alzada presentado por Azata del Sol, empresa promotora del complejo, en agosto, tras la decisión de expropiar los terrenos estatales sobre los que se ubica la edificación. Esta resolución, emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acelera el proceso de ocupación de los terrenos y acerca el derribo del hotel.
La decisión de iniciar el procedimiento de expropiación, adoptada en febrero por el Ejecutivo central, ha provocado un cambio de rumbo, abriendo una alternativa para resolver el conflicto urbanístico. Este procedimiento ofrece un camino distinto al de la revisión de la licencia de obras, que el Ayuntamiento de Carboneras ha aceptado ejecutar este verano tras años de advertencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Junta de Andalucía defiende esta última opción como la vía prioritaria.
Azata del Sol interpuso en agosto un recurso de alzada contra la resolución del 24 de junio de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaraba la necesidad de ocupación para la expropiación. El objetivo era frenar la demolición del hotel, prevista para 2025. El Ministerio para la Transición Ecológica ha resuelto rápidamente este recurso, desestimando los argumentos presentados por la empresa y evitando agotar el plazo máximo de tres meses para su respuesta.
Justificación de la expropiación
La Administración central sostiene que el procedimiento de expropiación se ha realizado conforme a la normativa vigente, sin vulnerar derechos y garantizando que Azata conoce plenamente los bienes objeto de expropiación. Se argumenta, además, que existe una relación directa entre la protección del dominio público marítimo-terrestre y la necesidad de expropiar dicho terreno, motivada en la declaración de utilidad pública aprobada el 11 de febrero por el Consejo de Ministros.
La resolución del Ministerio pone fin a la vía administrativa y facilita la ocupación de los terrenos de la playa de Carboneras, propiedad del Estado. Aunque Azata podría recurrir ante los tribunales, especialistas consideran poco probable que consiga la suspensión del proceso. No obstante, el derribo no será inmediato; se abre ahora el proceso para negociar el justiprecio de la edificación, que pasaría a manos estatales por su interés social.
Negociaciones y plazos legales
Aunque se habló de “ocupación urgente”, lo más probable es que se sigan los plazos legales habituales. El procedimiento contempla 15 días para alcanzar un acuerdo entre el Ministerio y la empresa; si no se logra, Azata dispondrá de otros 20 días para presentar su oferta, que será aceptada o rechazada en otros 20 días. Si no hay acuerdo, el expediente se remitirá a un Jurado Provincial, que podría tardar hasta tres meses en resolver.
La pelota está ahora en el tejado de la Junta de Andalucía
La decisión del Gobierno central agiliza los plazos y acerca el cumplimiento del compromiso de demoler la parte del hotel (40%) que invade los primeros 100 metros de la línea de costa antes de fin de año, gracias al procedimiento de expropiación. El resto del terreno afectado es competencia de la Junta de Andalucía, que mantiene su preferencia por la revisión de la licencia de obras y participa en el proceso de expropiación para valorar sus implicaciones.
La Junta de Andalucía, liderada por Juan Manuel Moreno, sigue defendiendo la revisión de oficio de la licencia como la vía más sólida y eficaz. No se pronunciará sobre la vía expropiatoria hasta conocer la resolución definitiva del Ministerio, mostrando escepticismo sobre su viabilidad y anticipando que Azata podría pedir la suspensión judicial del proceso.
