El Ayuntamiento de Níjar ha anunciado con entusiasmo la celebración de la I Feria Ecuestre, Cinegética y de Pesca en el Palacio de Congresos de Campohermoso. Un evento que, según la Diputación de Almería, busca “revitalizar tradiciones”, “impulsar el desarrollo rural” y “poner en valor sectores vinculados a la identidad almeriense”. Detrás de este discurso institucional, sin embargo, se oculta una realidad incómoda: el mismo consistorio que destina recursos públicos a promover la caza y la pesca incumple, según denuncian las asociaciones animalistas, sus obligaciones legales en materia de bienestar y protección animal.
La feria, presentada como una “apuesta por la naturaleza y la vida rural”, contará con exhibiciones, degustaciones de carne de monte y más de cincuenta expositores. Todo ello con entrada gratuita, lo que implica inevitablemente un desembolso económico por parte del Ayuntamiento y la Diputación: cesión de espacios, infraestructuras, promoción institucional y apoyo logístico. En otras palabras, dinero público para un evento que celebra la explotación y muerte de animales, mientras los animales vivos —los más vulnerables, los abandonados— siguen sin recibir la atención que les corresponde por ley.
Diversas asociaciones locales han denunciado en los últimos años el abandono de las colonias felinas en Níjar, donde los gatos callejeros sobreviven sin control veterinario, sin programas de esterilización y sin recursos municipales suficientes. La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece claramente que los ayuntamientos son responsables de la gestión ética de estas colonias, así como de garantizar su alimentación, atención sanitaria y control poblacional mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). Sin embargo, en Níjar, la realidad dista mucho de esa obligación legal: el municipio carece de un plan sistemático y de una dotación presupuestaria específica para tal fin.
El contraste resulta dolorosamente evidente. Mientras se destina presupuesto a la promoción de la caza —una actividad recreativa basada en la muerte de animales—, se ignoran las necesidades más básicas de los animales abandonados que deambulan por las calles del mismo municipio. No hay partidas públicas claras para alimentación de colonias, ni convenios estables con protectoras o veterinarios, ni campañas de concienciación ciudadana.
Más aún, la feria incluye degustaciones de carne de caza como reclamo gastronómico, lo que profundiza en una visión instrumental de la fauna: el animal como recurso económico o símbolo cultural, pero nunca como ser sintiente. Resulta paradójico que se hable de “respeto por la naturaleza” mientras se promociona su explotación.
Níjar, como tantos otros municipios rurales, se enfrenta al reto de conciliar tradición y ética contemporánea. Promover la vida rural no puede ser sinónimo de sostener prácticas que contradicen la legislación vigente en materia de bienestar animal. El verdadero desarrollo sostenible pasa por invertir en convivencia, educación y protección de la fauna urbana y silvestre, no en perpetuar modelos económicos que relegan la compasión a un segundo plano.
Mientras tanto, las asociaciones animalistas siguen su trabajo con escasos medios, intentando suplir la dejadez institucional. Lo hacen con voluntariado, donaciones y un compromiso que debería venir, en primer lugar, de las administraciones. Porque si hay recursos para ferias cinegéticas, también debería haberlos para los gatos y los perros que Níjar ha dejado olvidados entre los escombros y las calles.
