El Sindicato de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Almería y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Almería se han concentrado este lunes a las puertas de la Delegación Territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía para denunciar el colapso del sistema de dependencia en la provincia. Como vienen haciendo de forma periódica, ambas organizaciones han vuelto a salir a la calle para exigir el cumplimiento de la ley y una mejora urgente de los servicios de atención a las personas mayores.
Durante la protesta, los representantes sindicales han alertado de que los plazos de tramitación se encuentran muy por encima de lo permitido legalmente. Mientras la Ley de Dependencia establece un máximo de 180 días desde la solicitud hasta la resolución, en Almería la espera media alcanza ya los 534 días, casi el triple del plazo legal. Esta demora, denuncian, deja a miles de personas dependientes y a sus familias en una situación de desprotección prolongada.
Otro de los puntos señalados ha sido la escasez de plazas públicas en residencias de mayores, una carencia estructural que, según UGT y CCOO, obliga a muchas familias a asumir cuidados sin apoyo institucional o a recurrir a recursos privados con un elevado coste económico. En otros casos, advierten, las ayudas llegan cuando la situación personal ya se ha agravado o incluso cuando el solicitante ha fallecido.
Las organizaciones también han puesto el foco en el deterioro de los Centros de Participación Activa (CPA), considerados espacios clave para prevenir la soledad no deseada y fomentar el envejecimiento activo. Como ejemplo, han citado el CPA de la Avenida Cabo de Gata, un edificio con casi cien años de antigüedad que, según denuncian, presenta un estado obsoleto y carece de las condiciones adecuadas para desarrollar su función social.
UGT y CCOO reclaman a la Junta de Andalucía más recursos humanos y materiales, una ampliación de la red pública de plazas residenciales y una actuación urgente sobre las infraestructuras destinadas a las personas mayores. A su juicio, la situación actual supone un incumplimiento sistemático de la Ley de Dependencia y exige una respuesta inmediata por parte de la administración autonómica.
