Tomo prestado para esta columna el celebrado titulo de uno de los grupos de referencia de la movida viguesa, Golpes Bajos, para refutar la “lirica” con los que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ofrece los datos de la dependencia correspondientes a la Comunidad. Unas cifras «récord» en el sistema de la dependencia de Andalucía que demuestran para la consejera «la apuesta sin precedentes del Gobierno de Juanma Moreno por mejorar y agilizar el sistema de la dependencia está dando resultados».
Un envite, según López, que bate nuevo récord de dependencia en Andalucía con más beneficiarios y prestaciones, además de haber reducido en más de dos años los tiempos de espera respecto a gobiernos anteriores. Inmejorable noticia, se preguntarán los andaluces tras conocer semejante epopeya: cerrar diciembre de 2025 con más de 338.000 beneficiarios y más de 523.000 prestaciones, además de registrar una nueva bajada de los días de espera, hasta los 496 días para recibir el reconocimiento.
Sin embargo, la información remitida se empeña en ofrecer una sarta de ambigüedades que en absoluto definen la realidad en materia de dependencia por la que atraviesa esta tierra. Los datos son tozudos y los que acaba de publicar la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con cifras del Ministerio de Derechos Sociales, definen perfectamente la situación real de la dependencia en Andalucía.
El análisis de la Asociación pone de relieve que durante el pasado año fallecieron en España 32.704 personas pendientes de resolución de grado y del Programa Individual de Atención (PIA), 6.995 de ellos en Andalucía de los 40.092 que se encontraban en lista de espera en la Comunidad al término del año. Por su parte, y aunque la normativa señala un plazo máximo de 180 días para resolver un expediente, en Andalucía se tarda todavía 496 días, 155 más que la media nacional.
No pongo en duda el compromiso mostrado por la consejera López y el Gobierno del que forma parte tras alcanzar estas cifras «récord» en el sistema de la dependencia de Andalucía, mas sería conveniente que dejase de compararse con “gobiernos anteriores” y que el incienso que excesivamente sobrevuela sobre su Departamento fuera más comedido, o al menos más comprensible para la ciudadanía. Naturalmente, salvo que con el humo que desprende el botafumeiro institucional se pretenda, como en este caso, ocultar o distorsionar la realidad de esta tierra en materia de dependencia, ofreciendo unos datos que en absoluto son ejemplo de nada.
