Los reiterados cortes de suministro eléctrico y la deficiente cobertura de telefonía e internet que padecen los pueblos de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata no son un accidente, ni tampoco una fatalidad ligada al aislamiento geográfico. Son, ante todo, la consecuencia directa de años de falta de inversión y de dejación de responsabilidades por parte de quienes obtienen beneficios millonarios prestando servicios esenciales: las compañías eléctricas y de telecomunicaciones.
Resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI y durante varios días, pueblos enteros sufran hasta 20 o 25 microcortes diarios, o apagones de seis y ocho horas, quedando literalmente incomunicados y sin acceso a servicios de emergencia. Esta situación, denunciada con claridad por la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos de Cabo de Gata, evidencia que las infraestructuras actuales no están preparadas ni mantenidas para garantizar un suministro estable. No hablamos de comodidad, hablamos de salud, seguridad y derechos básicos: conservación de alimentos, atención a personas mayores o con enfermedades crónicas, continuidad de la actividad económica y capacidad de pedir auxilio cuando es necesario.
Las grandes compañías, eléctricas y telefónicas, son las principales responsables de este deterioro. Han optado por maximizar beneficios sin reinvertir lo suficiente en modernizar redes que son claramente obsoletas. No puede ser que en un territorio protegido, con una importante población residente todo el año, se normalice la precariedad del suministro como si fuera un daño colateral inevitable.
Níjar, un ayuntamiento irresponsable
Pero junto a esta irresponsabilidad empresarial hay otra que no podemos obviar: la absoluta inhibición institucional del Ayuntamiento de Níjar. Es cierto que el Consistorio no tiene competencias directas sobre el suministro eléctrico o la telefonía, pero sí tiene responsabilidad política y capacidad de presión. Mirar hacia otro lado ante un problema de sus vecindarios es una forma de complicidad. Un ayuntamiento comprometido con su gente debería liderar la exigencia a las compañías, convocar reuniones, elevar quejas formales y situar este problema en el centro de la agenda pública.
Además, la incongruencia alcanza niveles difíciles de justificar cuando, al mismo tiempo, desde el propio Ayuntamiento y con la complicidad de la Junta de Andalucía, se sigue apostando por el crecimiento urbanístico y el turismo masivo en los pueblos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. ¿Cómo se puede promover más hoteles, más viviendas turísticas y más presión sobre el territorio cuando no existen infraestructuras básicas capaces de sostener ni siquiera a la población actual? Es un modelo profundamente irresponsable que prioriza el beneficio a corto plazo frente a la calidad de vida de quienes viven y trabajan allí todo el año.
Las peticiones realizadas por la Coordinadora de Asociaciones Vecinales son claras y razonables: mejoras inmediatas en la red eléctrica, ampliación de la cobertura de telefonía e internet, y un plan de emergencia para atender a la población afectada. También reclama algo elemental en democracia: sentarse a hablar. Una reunión entre compañías suministradoras y administraciones públicas para acordar soluciones concretas y plazos verificables.
Desde Movimiento Sumar damos todo nuestro apoyo a la Coordinadora y defendemos que los servicios básicos no pueden depender del pueblo donde se viva, ni de la rentabilidad inmediata. Las administraciones deben ponerse del lado de la ciudadanía y ejercer toda la presión necesaria para que las empresas cumplan con su obligación. Y si no lo hacen, habrá que abrir el debate sobre mecanismos de control más firmes y sobre el papel del sector público en la garantía de derechos esenciales.
No se puede seguir vendiendo el Cabo de Gata como un paraíso turístico mientras se condena a sus pueblos a vivir a oscuras y desconectados. La modernización de las infraestructuras no es una opción: es una condición imprescindible para un desarrollo justo, sostenible y digno.
