La Comisión Europea ha trasladado a la Junta de Andalucía sus dudas sobre la legalidad del nuevo registro autonómico de alojamientos turísticos de corta duración que el Gobierno andaluz pretende crear dentro de su futura Ley de Turismo Sostenible. Según el análisis realizado por los servicios comunitarios, esta iniciativa podría entrar en conflicto con la normativa europea al generar una duplicidad con el registro estatal ya existente.
Desde Bruselas se recuerda que España puso en marcha a comienzos de 2025 un registro único para los alquileres de corta estancia, concebido para adaptarse al reglamento europeo que regula este tipo de alojamientos. Dicho reglamento establece expresamente que un inmueble turístico no puede estar sometido a más de un registro, por lo que exigir la inscripción simultánea en un sistema estatal y otro autonómico podría vulnerar la legislación comunitaria.
El informe del departamento de Mercado Interior de la Comisión Europea también subraya que este registro nacional ya vincula directamente a las plataformas digitales, lo que refuerza la idea de que cualquier obligación adicional impuesta por las comunidades autónomas podría ser incompatible con el marco europeo.
Desde la Junta de Andalucía se defiende que el Registro de Turismo de Andalucía existe desde hace más de una década y que la duplicidad la habría generado el Gobierno central al aprobar su propio sistema. Además, el Ejecutivo autonómico confía en que el Tribunal Supremo le dé la razón en el recurso presentado contra el registro estatal por invasión de competencias.
Otro de los aspectos que preocupa a Bruselas es la posible colisión con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que fija obligaciones homogéneas para las grandes plataformas tecnológicas y prohíbe que los Estados miembros impongan requisitos adicionales. En este sentido, la Comisión ve con recelo que la futura ley andaluza obligue a las plataformas a facilitar datos de los propietarios o a retirar anuncios de alojamientos no inscritos en el registro autonómico.
Los técnicos comunitarios recuerdan que en España ya existe una autoridad designada para vigilar el cumplimiento del DSA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y consideran problemático que la Junta pretenda asumir funciones sancionadoras en este ámbito.
Por todo ello, Bruselas ha invitado a las autoridades españolas a revisar el proyecto de ley andaluz para garantizar que se ajusta plenamente a la normativa europea. De lo contrario, la creación de un segundo registro autonómico de pisos turísticos podría quedar en entredicho antes incluso de su puesta en marcha.
España fue el primer país de la Unión en activar el registro único de alquileres de corta duración, con el objetivo de mejorar el control sobre este tipo de alojamientos y combatir la presión que ejercen sobre el mercado de la vivienda. Ahora, el pulso entre administraciones y las advertencias de la Comisión Europea abren un nuevo capítulo en el debate sobre cómo regular el turismo sin vulnerar las reglas comunitarias.
