El mismo día que el Congreso de los Diputados tumbó la propuesta a nivel nacional de prohibir el uso del burka y el niqab, VOX y PP han abierto una vía alternativa para vetar estas prendas en dependencias municipales bajo el argumento de la seguridad. Aun cuando la medida suscita importantes dudas legales, ambas formaciones se empeñan ahora, tras el varapalo parlamentario, extender la restricción a todos los ayuntamientos de España.
A la deriva se ha incorporado con inusitado fervor el Ayuntamiento de Níjar. El planteamiento esgrimido por su más entusiasta partidaria, la teniente de alcalde y portavoz de VOX, Pilar Fenoy, es que en los espacios municipales “se garantiza la seguridad de usuarios y empleados públicos” y cualquier elemento que oculte el rostro lo impide.
Para el gobierno municipal nijareño “la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y tramites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público”. La prohibición, sin embargo, no será inmediata, pues la moción encarga a los servicios jurídicos municipales la tarea de redactar y aprobar un reglamento o norma sobre el uso de estas prensas en dependencias municipales.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Níjar dentro del contexto político actual, que se encuadra en la tendencia por parte del PP de acercarse a VOX, especialmente en situaciones donde los resultados electorales, presentes y futuros tengan que depender de pactos con la extrema derecha para la formación de gobiernos. De paso, agitar el miedo y las bajas pasiones contra la confesión musulmana y hacia unas mujeres que -más o menos obligadas, más o menos sometidas- tienen que utilizar esta clase de ropa si quieren salir de su casa. Esto, en vez de apostar por políticas públicas que respeten la diversidad y promuevan el respeto mutuo entre los ciudadanos.
La prohibición en dependencias municipales de estas prendas de vestir resulta una grave injusticia social y democrática en un municipio con alta presencia migrante, además de estigmatizar a las mujeres musulmanas. Una iniciativa, en definitiva, que vulnera derechos fundamentales, legitima la intolerancia y dificulta la convivencia democrática.
