He leído con sorpresa —y con una profunda preocupación— las declaraciones realizadas por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) tras su reunión con el Ayuntamiento de Níjar. Se habla de “competencia desleal”, de falta de regulación y de necesidad de “ordenar” la vivienda turística. Pero conviene empezar por lo esencial: es absolutamente falso que las viviendas de uso turístico en Andalucía carezcan de regulación.
Lejos de la falsa realidad que relata ASHAL, las viviendas turísticas actualmente estamos sometidas a dos marcos normativos distintos y plenamente vigentes. En el ámbito autonómico, el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de viviendas con fines turísticos, que establece definición, requisitos técnicos, obligaciones de registro, hojas de reclamaciones, climatización, condiciones de habitabilidad y un régimen sancionador. Esta norma, además, ha sido reforzada y actualizada por el Decreto 31/2024, de 29 de enero, que endurece y adapta el control administrativo del sector.
Y, además, también existe una regulación estatal: el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, desarrollado por el Real Decreto 1194/2018, de 21 de septiembre, que aprueba el Reglamento del Registro Único de Hospedaje. Es decir, las viviendas turísticas estamos sometidas a doble control administrativo: autonómico y estatal. No hay vacío legal. No hay desregulación. Hay supervisión, obligaciones y responsabilidades.
Por eso resulta inaceptable que se utilice el término “competencia desleal”. ¿Desleal por cumplir dos marcos normativos distintos? La propia Unión Europea ha advertido sobre la proliferación de controles duplicados en este ámbito, apostando por simplificar y unificar procedimientos. Lo que parece molestar no es la supuesta falta de regulación, sino la existencia de competencia real en el mercado.
Porque de eso se trata: competencia. Y lo que ASHAL plantea no es igualdad, sino restricción. Solicitar la suspensión de nuevos registros de viviendas turísticas, exigir licencias municipales adicionales y endurecer requisitos exclusivamente para este colectivo mientras, al mismo tiempo, se piden criterios más flexibles para terrazas, veladores y otras exigencias urbanísticas o sanitarias para los hoteles, no es defender el equilibrio: es pedir privilegios. Endurecer normas para unos y suavizarlas para otros tiene un nombre muy claro: morro inconmensurable.
Lo que quieren los empresarios hoteleros se llama privilegios y la atenta escucha del Ayuntamiento resulta preocupante
En Níjar hay menos de quince hoteles registrados. La mayoría se ubican en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un espacio de altísimo valor ambiental que soporta una presión estructural significativa derivada precisamente de infraestructuras hoteleras consolidadas. Frente a ello, existen más de 1.500 viviendas de uso turístico, en torno al 90% propiedad de vecinos de Níjar: pequeños ahorradores, familias que complementan ingresos, jubilados que rentabilizan una segunda residencia, trabajadores que equilibran su economía con esta actividad legal.
Hablar de “impacto” sin distinguir escala ni modelo resulta, cuanto menos, parcial. La vivienda turística no es una gran infraestructura. No es un macrocomplejo. Es, en su inmensa mayoría, propiedad de ciudadanos del propio municipio.
Y aquí surge una cuestión que inquieta a muchos vecinos: ¿por qué el Ayuntamiento de Níjar escucha con tanta diligencia al reducido colectivo hotelero y presta tan poca atención a los cientos de propietarios que también forman parte del tejido económico local? ¿Por qué se estudia suspender registros en lugar de abordar problemas estructurales como la planificación urbanística o la vivienda para trabajadores desde una perspectiva integral?
La vivienda turística no es el enemigo del modelo turístico de Níjar. Forma parte de él. Está regulada, controlada y genera actividad económica distribuida entre vecinos. Defenderla no es atacar a los hoteles. Es exigir igualdad de trato y respeto institucional.
Porque lo que está en juego no es solo un sector, sino el derecho de cientos de familias nijareñas a desarrollar una actividad legal bajo el amparo de la normativa vigente, sin ser señaladas como culpables de todos los desequilibrios del mercado.
La competencia no es desleal cuando cumple la ley. Lo desleal es intentar cambiar las reglas para eliminarla.
