La asociación provincial LGTBIQ+ reclama que el condenado abandone todos sus cargos de representación y expresa su solidaridad con la víctima, una persona migrante y solicitante de asilo. La entidad almeriense advierte también contra cualquier intento de utilizar este caso para alimentar discursos de odio hacia el colectivo LGTBIQ+ o las personas migrantes.
Almería Diversidad ha hecho público un comunicado en el que reclama la dimisión o el cese inmediato del presidente de Alicante Entiende tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que lo condena por un delito de agresión sexual.
La asociación almeriense considera que la permanencia del condenado al frente de una entidad social resulta absolutamente incompatible con el ejercicio de cualquier responsabilidad de representación dentro del movimiento asociativo. Por ello, exige su cese inmediato tanto en Alicante Entiende como en cualquier otra organización o espacio de representación en el que participe.
La entidad considera que una condena de estas características obliga a adoptar una posición clara y contundente, especialmente cuando se trata de organizaciones cuya razón de ser está vinculada a la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la protección de las personas más vulnerables.
Solidaridad con la víctima y condena de la violencia sexual
Uno de los aspectos que Almería Diversidad destaca especialmente es la situación de vulnerabilidad de la víctima, una persona migrante y solicitante de asilo.
La asociación traslada su apoyo, solidaridad y cercanía a la persona agredida y manifiesta su más rotunda repulsa ante cualquier forma de violencia sexual, abuso de poder o vulneración de los derechos humanos.
El comunicado subraya la especial gravedad que supone aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de una persona que se encuentra en un proceso migratorio y de solicitud de protección internacional.
Desde la organización consideran que las entidades sociales deben ser espacios de acompañamiento, protección y empoderamiento, nunca lugares donde puedan producirse situaciones de abuso o relaciones de poder utilizadas para someter a otras personas.
La responsabilidad individual no puede manchar el trabajo colectivo
Almería Diversidad también quiere dejar claro que las conductas delictivas son responsabilidad exclusiva de quienes las cometen y no pueden atribuirse al conjunto del movimiento asociativo LGTBIQ+.
La organización advierte de que estos comportamientos son frontalmente contrarios a los principios éticos, feministas y de defensa de la dignidad humana que deben orientar la actividad de las asociaciones que trabajan por los derechos del colectivo.
En este sentido, considera fundamental evitar que un caso individual sea utilizado como argumento para cuestionar la trayectoria y el trabajo de miles de personas que, desde el activismo y el asociacionismo, desarrollan una labor fundamental en favor de la igualdad y contra la discriminación.
Tolerancia cero y espacios seguros
La asociación almeriense aprovecha el comunicado para reafirmar su compromiso con la construcción de espacios seguros, transparentes y libres de cualquier forma de violencia.
Un compromiso que considera especialmente importante en los proyectos de acogida y acompañamiento dirigidos a personas que sufren situaciones de discriminación, exclusión o vulnerabilidad.
Asimismo, advierte contra cualquier intento de instrumentalizar este caso para criminalizar o estigmatizar al conjunto del colectivo LGTBIQ+, las entidades sociales o las personas migrantes. «La lucha por los derechos humanos exige justicia para las víctimas y rigor para no señalar a quienes trabajan cada día por una sociedad más justa», señala la organización en su comunicado.
La Junta Directiva de Almería Diversidad concluye reafirmando su voluntad de continuar trabajando desde la provincia con rigor, transparencia y firmeza para defender los derechos y la seguridad de todas las personas.
El posicionamiento de la asociación almeriense pone sobre la mesa una cuestión fundamental para el movimiento asociativo: la defensa de los derechos humanos exige coherencia, responsabilidad y mecanismos que garanticen que quienes ejercen funciones de representación no puedan utilizar su posición para vulnerar los derechos de las personas a las que deberían proteger.







