La Dirección General de Tráfico (DGT) aplicará durante 2026 una serie de medidas que afectarán directamente a los conductores nacidos entre 1956 y 1961, especialmente en lo relativo a la renovación del permiso de conducción y al control de las capacidades psicofísicas para seguir al volante. Uno de los cambios más relevantes afectará a quienes cumplen 65 años en 2026, es decir, a los nacidos en 1961. A partir de esa edad, los permisos habituales de conducción —como los de turismos y motocicletas— dejarán de renovarse cada diez años y pasarán a tener una vigencia máxima de cinco años. En el caso de permisos profesionales, como los de camiones o autobuses, el periodo de renovación será todavía más reducido.
La medida busca aumentar la frecuencia de los reconocimientos médicos y reforzar el control sobre aspectos como la visión, la audición, los reflejos o la capacidad cognitiva, considerados elementos esenciales para garantizar una conducción segura. La DGT insiste en que el criterio determinante no es la edad en sí misma, sino el estado real de las aptitudes del conductor.
Además, los informes médicos podrán establecer limitaciones individualizadas en función del estado de salud del conductor. Entre ellas, podrían incluirse restricciones para conducir de noche, realizar trayectos largos o circular por determinadas vías.
Por otro lado, los conductores nacidos en 1956, que cumplen 70 años en 2026, tendrán una ventaja administrativa importante: quedarán exentos del pago de las tasas de renovación del permiso de conducir. No obstante, seguirán obligados a superar el correspondiente reconocimiento médico para mantener la autorización vigente.
La DGT recuerda que en España no existe una edad máxima para conducir y que las renovaciones continúan basándose en la evaluación individual de las capacidades físicas y mentales de cada persona. En este sentido, la estrategia del organismo pasa por aumentar el seguimiento médico sin establecer prohibiciones automáticas por razón de edad.
Desde el ámbito de la seguridad vial, estas medidas responden al progresivo envejecimiento de la población conductora y al objetivo de reducir los riesgos asociados a posibles limitaciones físicas o cognitivas. Al mismo tiempo, la DGT trata de compatibilizar la movilidad y autonomía de las personas mayores con las exigencias de seguridad en la conducción.
