Andalucía atendía a finales de agosto a unos 1.800 menores extranjeros no acompañados, el 59,8% de las 3.009 plazas de capacidad ordinaria asignadas a la comunidad. Mientras tanto, más de un millar de menores permanecen en Ceuta en una situación de extrema precariedad, en medio de un enfrentamiento entre administraciones sobre su traslado a la Península.
La crisis de acogida de menores migrantes en Ceuta ha vuelto a colocar a Andalucía en el centro del debate. Los datos disponibles muestran una situación compleja: mientras la ciudad autónoma continúa soportando una presión extraordinaria sobre su sistema de protección, Andalucía disponía a finales de agosto de un amplio margen, dentro de la capacidad ordinaria establecida para la comunidad.
La comunidad atendía entonces a unos 1.800 menores extranjeros no acompañados frente a las 3.009 plazas de capacidad ordinaria que tiene asignadas. Esto supone una ocupación del 59,8% y deja un margen teórico de alrededor de 1.200 plazas. La situación contrasta con la de Ceuta, donde la llegada de menores durante los últimos meses ha desbordado los recursos disponibles. La ciudad autónoma mantiene a más de un millar de menores en una situación de precariedad, mientras las distintas administraciones buscan una fórmula para descongestionar su sistema de protección.
Un convenio para situaciones de crisis
El debate adquiere especial relevancia porque Andalucía y Ceuta cuentan con un convenio de colaboración para facilitar la acogida e integración en Andalucía de menores extranjeros no acompañados en situaciones de crisis migratoria. El acuerdo fue concebido precisamente como un mecanismo de cooperación entre ambas administraciones para responder a situaciones excepcionales y permitir el traslado de menores cuando los recursos de acogida de Ceuta se encuentren desbordados.
Sin embargo, el Gobierno andaluz sostiene actualmente que no concurren las circunstancias necesarias para activar ese mecanismo y reclama que sea Ceuta quien solicite formalmente su aplicación. La Junta también argumenta que Andalucía soporta una presión considerable debido a las llegadas de menores que se producen directamente a sus costas y sostiene que su sistema de protección se encuentra sometido a una elevada ocupación.
Dos formas de medir la capacidad
Una de las claves de la controversia reside precisamente en cómo se calcula la capacidad disponible. La cifra del 59,8% corresponde a la capacidad ordinaria asignada a Andalucía dentro del sistema estatal de distribución. La Junta, por su parte, defiende que la situación real de sus recursos es más compleja y que existen centros y dispositivos que afrontan niveles de ocupación elevados.
La diferencia entre ambos planteamientos ha alimentado el enfrentamiento político entre el Gobierno central y la Administración andaluza. El Ejecutivo central reclama una mayor solidaridad territorial para hacer frente a la situación de Ceuta, a lo que la Junta se niega rotundamente, mientras que, al la vez, reclama mayores recursos gubernamentales.
Los menores, en el centro del debate
El Ministerio de Juventud e Infancia ha planteado el traslado de cientos de menores desde Ceuta hacia distintos puntos de la Península mediante entidades especializadas, con el objetivo de aliviar la presión sobre los recursos de la ciudad autónoma.
El reparto de menores ha generado un nuevo conflicto entre administraciones y comunidades autónomas, en un momento en el que el Estado pretende establecer un sistema más equilibrado de distribución de la responsabilidad de acogida.
El nuevo modelo establece una capacidad ordinaria para cada territorio utilizando criterios objetivos, principalmente relacionados con la población. Andalucía cuenta con 3.009 plazas dentro de este sistema, mientras que Ceuta dispone de 29. La situación plantea una cuestión que trasciende el enfrentamiento político: cómo garantizar que la protección de los menores no quede condicionada por las disputas entre administraciones y cómo repartir de forma efectiva y sostenible la responsabilidad de acogida entre los diferentes territorios.
Ceuta necesita descongestionar sus recursos y Andalucía defiende que su sistema también está sometido a una presión que debe ser tenida en cuenta. Entre ambas posiciones queda pendiente una respuesta que permita atender a los menores con garantías, disponer de recursos suficientes y evitar que una emergencia relacionada con la protección de la infancia termine convertida únicamente en un nuevo escenario de confrontación política.
