El futuro del hotel de El Algarrobico, en Carboneras, vuelve a quedar condicionado por las decisiones de los tribunales después de que el pleno municipal no aprobara la declaración de nulidad de la licencia de obras del polémico establecimiento turístico. La mayoría de los concejales optó por aplazar la votación hasta una próxima sesión, prevista para el 22 de junio.
La decisión se produjo a propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela, quien defendió la necesidad de incorporar nuevos informes económicos y jurídicos antes de adoptar una resolución definitiva sobre un expediente que acumula más de veinte años de litigios administrativos y judiciales. La iniciativa recibió el respaldo de los cinco concejales socialistas, una edil del Partido Popular y el propio Cayuela.
El aplazamiento ha provocado la reacción de organizaciones ecologistas, que consideran que ya existen suficientes pronunciamientos judiciales y administrativos para proceder a la anulación de la licencia. Colectivos como Greenpeace y Salvemos Mojácar han anunciado nuevas actuaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al entender que la demora supone un nuevo obstáculo para resolver definitivamente uno de los conflictos urbanísticos más emblemáticos del país.
La licencia municipal se encuentra en el centro del procedimiento después de que el Consejo Consultivo de Andalucía concluyera recientemente que el permiso concedido en 2003 es nulo de pleno derecho por vulnerar la normativa de protección ambiental y la Ley de Costas. Este dictamen fue considerado un paso decisivo para avanzar hacia la demolición del edificio y la recuperación ambiental del paraje.
Tras la decisión del pleno, tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio para la Transición Ecológica han mostrado su disposición a solicitar la intervención directa del TSJA para que sea el propio tribunal quien impulse la ejecución de las resoluciones pendientes y desbloquee el procedimiento.
El hotel, construido junto a la playa de El Algarrobico en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, permanece paralizado desde 2006 y se ha convertido en uno de los mayores símbolos del urbanismo ilegal en el litoral español. Más de dos décadas después del inicio de las obras, el conflicto continúa abierto y la resolución definitiva vuelve a quedar en manos de la justicia.
