La promotora deberá redactar el proyecto y ejecutar el derribo del hotel de Carboneras; si no cumple, la Junta amenaza con multas y el Estado podría intervenir de forma subsidiaria.
El hotel de El Algarrobico afronta por fin una etapa que durante más de dos décadas parecía inalcanzable: su demolición. La Junta de Andalucía ha abierto el procedimiento para restablecer la legalidad urbanística en el paraje de Carboneras y ha situado a Azata del Sol, la empresa promotora del polémico establecimiento, ante la obligación de asumir inicialmente el proyecto y la ejecución del derribo.
El movimiento de la Administración autonómica llega después de que el Ayuntamiento de Carboneras anulase definitivamente, el pasado 7 de julio, la licencia de obras concedida en 2003 para levantar el hotel. Aquella decisión municipal era el paso imprescindible para que pudiera activarse el procedimiento autonómico destinado a recuperar la legalidad y devolver los terrenos protegidos a su situación original.
La Junta pretende ahora que Azata redacte un proyecto de demolición y se haga cargo de su ejecución. El delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, ha explicado que el expediente se dirige directamente contra la promotora y que la intención es culminar el proceso con una orden formal de derribo.
No será, sin embargo, un procedimiento inmediato. La Administración ha subrayado que Azata contará con las correspondientes garantías de audiencia y recurso, tanto en la vía administrativa como, en su caso, ante los tribunales.
Multas si Azata no cumple
La Junta ya ha advertido de cuál será el siguiente movimiento si la promotora decide no asumir voluntariamente la demolición. El Gobierno andaluz contempla la imposición de multas coercitivas y reiterativas para obligar a la empresa a cumplir la resolución.
Si aun así Azata mantiene su negativa, entraría en juego el protocolo firmado en 2011 entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. En ese escenario, el Estado asumiría subsidiariamente la ejecución material del derribo, mientras que la Administración autonómica se encargaría del desescombro y del tratamiento de los residuos procedentes de la demolición.
La operación no terminaría, en cualquier caso, con la desaparición del edificio. El expediente abierto por la Junta contempla una actuación más amplia: desmontar las instalaciones y servicios asociados al hotel, demoler el inmueble y restaurar posteriormente los terrenos para recuperar los valores naturales que justificaron su protección.
El hotel, construido sobre terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección y dentro del entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, lleva más de veinte años convertido en uno de los símbolos del conflicto urbanístico y ambiental del litoral español.
Carboneras pide que el municipio no vuelva a pagar la factura
El nuevo escenario llega después de una larga batalla judicial y administrativa en la que Carboneras ha ocupado un papel central. La anulación de la licencia se produjo además después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exigiera al Ayuntamiento que culminara el procedimiento de revisión de oficio, tras años de controversia sobre la situación urbanística de los terrenos.
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha reclamado que todas las administraciones actúen con «altura de miras» y coordinación para evitar que el municipio vuelva a resultar perjudicado por un conflicto que arrastra desde hace más de dos décadas. Su petición introduce una de las cuestiones que acompañarán a partir de ahora al derribo: quién paga y cómo se ejecuta la recuperación de un espacio que se ha convertido en uno de los principales símbolos ambientales de Almería.
Porque el final del Algarrobico no será simplemente cuestión de echar abajo un edificio. La retirada de sus restos, la gestión de los residuos y la posterior recuperación ambiental del terreno exigirán nuevas decisiones y financiación pública. La propia Junta reconoce que, una vez ejecutado el derribo, será necesario establecer un nuevo marco de colaboración con el Estado para abordar la restauración ambiental.
La imagen que Almería lleva 23 años esperando
El Algarrobico ha permanecido durante años como una enorme estructura de hormigón frente al Mediterráneo, visible desde buena parte del litoral de Carboneras y convertido en una imagen asociada a los excesos urbanísticos de la costa española.
Ahora, por primera vez, la secuencia administrativa parece tener definido el camino: licencia anulada, expediente autonómico abierto, requerimiento a la promotora, posibles multas coercitivas y, si Azata no cumple, ejecución subsidiaria por parte del Estado. Aun así, el derribo todavía no tiene fecha. El procedimiento debe superar sus distintas fases administrativas y las eventuales impugnaciones que puedan plantearse. La Junta insiste en que quiere avanzar con la máxima seguridad jurídica para evitar que el caso vuelva a quedar atrapado durante años en los tribunales.
Mientras tanto, en Carboneras permanece en pie el mismo edificio que comenzó a levantarse en 2003. La diferencia es que ahora su licencia ya ha sido anulada y la Administración andaluza ha abierto formalmente la vía para ordenar su desaparición. Después de más de dos décadas de litigios, recursos y decisiones administrativas, El Algarrobico afronta el que puede ser su último capítulo como hotel inacabado. El próximo movimiento corresponde ahora a Azata del Sol.
