El futuro del hotel de El Algarrobico, convertido durante dos décadas en uno de los mayores símbolos de la especulación urbanística en España, ha dado un giro decisivo. El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado que la licencia de obras concedida en 2003 para levantar el complejo hotelero en la playa de Carboneras (Almería) es nula de pleno derecho, una resolución que despeja uno de los principales obstáculos legales para proceder a su demolición.
El pronunciamiento, de carácter preceptivo y vinculante, obliga al Ayuntamiento de Carboneras a formalizar la anulación definitiva del permiso urbanístico mediante acuerdo plenario, dando cumplimiento a las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y posteriormente ratificadas por el Tribunal Supremo.
El Consejo Consultivo concluye que la licencia fue otorgada vulnerando la normativa medioambiental vigente. Tras revisar la documentación urbanística y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar, el organismo determina que los terrenos donde se construyó el hotel tenían la consideración de suelo no urbanizable protegido, por lo que el proyecto nunca debió recibir autorización administrativa.
La resolución desmonta además una de las principales tesis defendidas durante años por el Ayuntamiento de Carboneras y por la promotora, que sostenían que la parcela contaba con una clasificación urbanística que permitía la construcción. El Consejo entiende que esa interpretación resultaba incompatible con la protección ambiental existente sobre el enclave.
A la protección ambiental se suma una segunda irregularidad considerada determinante: la invasión de la servidumbre de protección establecida por la Ley de Costas.
Según el dictamen, el hotel fue proyectado incumpliendo la distancia mínima de 100 metros respecto al dominio público marítimo-terrestre exigida por la normativa estatal. El Ayuntamiento concedió la licencia sin adaptar previamente el planeamiento urbanístico a las exigencias legales introducidas por la Ley de Costas, lo que convirtió el permiso en un acto contrario al ordenamiento jurídico.
Veinte años de litigios
La construcción del hotel quedó paralizada judicialmente en 2006, cuando ya se había levantado gran parte del edificio. Desde entonces, el complejo de 21 plantas y más de 400 habitaciones se ha convertido en una imagen emblemática de los excesos urbanísticos cometidos durante el auge inmobiliario de principios de siglo.
Durante estos veinte años se han sucedido decenas de procedimientos judiciales, recursos administrativos y enfrentamientos entre administraciones, promotores y organizaciones ecologistas. La propia resolución del Consejo Consultivo reconoce que la situación ha estado marcada por una dilación prolongada derivada de la intensa actividad judicial desarrollada por todas las partes implicadas.
Pero la anulación definitiva de la licencia supondrá la eliminación del principal soporte jurídico que mantenía en pie el proyecto. Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central han reiterado en los últimos años su compromiso de colaborar en el derribo del edificio y en la restauración ambiental del entorno natural. De hecho, ambas administraciones mantienen vigente un protocolo de colaboración que contempla el reparto de responsabilidades para ejecutar la demolición y recuperar la zona afectada dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Paralelamente, el Estado inició en 2025 el procedimiento para la expropiación de los terrenos necesarios para facilitar la ejecución definitiva del derribo.
Reacciones de las organizaciones ecologistas
Colectivos ecologistas como Greenpeace, que llevan más de dos décadas litigando contra el proyecto, consideran que el dictamen marca un punto de inflexión definitivo.
La organización sostiene que la nulidad de la licencia elimina las últimas excusas administrativas que han retrasado durante años la demolición y reclama que las administraciones aceleren los trámites necesarios para devolver la playa a su estado original.
La decisión del Consejo Consultivo acerca el desenlace de un caso que ha trascendido el ámbito jurídico para convertirse en un símbolo nacional del debate entre desarrollo urbanístico y protección ambiental.
Dos décadas después de la paralización de las obras, el hotel de El Algarrobico continúa en pie frente al mar, pero el escenario legal ha cambiado de forma significativa. Si el Ayuntamiento de Carboneras ejecuta la anulación de la licencia y se completan los trámites pendientes, la demolición del edificio podría quedar finalmente encarrilada tras veinte años de recursos, sentencias y controversias.
El objetivo final pasa ahora por restaurar uno de los espacios más emblemáticos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y cerrar definitivamente uno de los litigios urbanísticos más prolongados de la historia reciente de España.
