La decisión de recurrir la nulidad de la licencia prolonga un conflicto que dura más de dos décadas y vuelve a colocar a antiguos responsables municipales en el lado contrario a la solución que reclama la Justicia. El caso resulta especialmente llamativo en el caso de quienes tuvieron responsabilidades de gobierno cuando se concedió o mantuvo el permiso que permitió levantar el hotel en pleno Parque Natural del Cabo de Gata.
El Algarrobico vuelve a enfrentarse al mismo problema que lo acompaña desde hace más de veinte años: cuando parece que el camino hacia su desaparición queda despejado, aparece un nuevo obstáculo administrativo o judicial. La última vuelta de tuerca llega después de que cuatro recursos hayan sido presentados contra el acuerdo del Ayuntamiento de Carboneras que anuló la licencia de obras del hotel. Uno procede de la promotora Azata del Sol y los otros tres corresponden a antiguos alcaldes o responsables municipales: Cristóbal Fernández, José Luis Amérigo y Felipe Cayuela. Fernández y Amérigo fueron alcaldes por el PSOE; Cayuela también fue alcalde, aunque su trayectoria política posterior estuvo vinculada al PP y al grupo de no adscritos.
El dato políticamente más difícil de explicar es que Cristóbal Fernández fue precisamente el alcalde que concedió en enero de 2003 la licencia de obras a Azata del Sol. Más de 23 años después, cuando los tribunales han establecido que aquel permiso debía ser revisado y el Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado su nulidad de pleno derecho, el antiguo regidor se encuentra entre quienes recurren el acuerdo municipal destinado a cerrar definitivamente aquella etapa.
El resultado es difícil de calificar de otra manera que como una nueva vuelta al laberinto que ha permitido que una construcción levantada en un espacio protegido continúe en pie tantos años después.
Una licencia cuestionada durante años que todavía genera recursos
La historia jurídica del Algarrobico no parte de una controversia reciente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó en 2021 revisar la licencia, resolución que adquirió firmeza después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación en 2022. Sin embargo, el procedimiento municipal siguió sin culminarse durante años.
En junio de 2026 la situación llegó a un punto límite. El TSJA requirió al Ayuntamiento de Carboneras que terminara el procedimiento y anulase la licencia en un plazo máximo de 20 días hábiles, con la advertencia de que, si el Consistorio no cumplía, el propio tribunal podía acordar la ejecución subsidiaria de la sentencia.
Poco antes, el Consejo Consultivo de Andalucía había concluido por unanimidad que la licencia de 2003 era nula de pleno derecho. Entre los argumentos utilizados figuraban la incompatibilidad de los terrenos con la protección ambiental y la vulneración de la normativa de Costas. El órgano consultivo también rechazó que el transcurso de más de dos décadas impidiera revisar la licencia.
Con ese escenario, el Ayuntamiento aprobó finalmente en julio la anulación. Lo hizo después de un primer intento fallido en junio, cuando varios concejales, entre ellos representantes del PSOE, propiciaron el aplazamiento de la votación alegando que faltaban informes sobre las posibles consecuencias económicas y patrimoniales para el municipio.
Y ahora, cuando parecía superado ese último bloqueo político, llegan estos nuevos recursos.
Más de dos décadas de retrasos y una contradicción difícil de justificar
La posición de los antiguos responsables municipales resulta especialmente controvertida porque el tiempo juega precisamente a favor de quienes desean que el Algarrobico no desaparezca. El hotel lleva paralizado desde 2006. Tiene 21 plantas y 411 habitaciones y fue construido sobre un espacio sometido a protección ambiental. El procedimiento ha acumulado sentencias, recursos, modificaciones urbanísticas, revisiones administrativas y requerimientos judiciales. El propio TSJA ha tenido que intervenir reiteradamente para obligar al Ayuntamiento a avanzar.
Resulta por ello difícil entender que, después de tantos años, quienes tuvieron responsabilidades políticas durante parte de este proceso vuelvan a recurrir una decisión cuyo objetivo es precisamente cumplir las resoluciones judiciales y cerrar definitivamente la vía urbanística que permitió la construcción del hotel.
El argumento de quienes se opusieron a la anulación se ha centrado en la posible responsabilidad económica del Ayuntamiento y en la necesidad de disponer de más informes. Pero ese planteamiento adquiere una dimensión especialmente problemática cuando se utiliza para retrasar una actuación que los tribunales llevan años reclamando y cuando el propio Consejo Consultivo ha establecido que la licencia es nula.
Además, el riesgo económico para las administraciones no es una cuestión que haya quedado resuelta a favor de la promotora. La Audiencia Nacional rechazó en 2016 que Azata tuviera derecho a una indemnización por las actuaciones realizadas, al considerar, entre otros aspectos, que la empresa conocía las circunstancias urbanísticas de los terrenos. Actualmente existe otro procedimiento sobre la eventual compensación económica, con una reclamación de la promotora muy superior a la valoración planteada por la Administración.
La cuestión, por tanto, no debería convertirse en una excusa para mantener indefinidamente una licencia que los órganos jurídicos competentes consideran nula.
El Algarrobico no necesita otro capítulo: necesita que se cumpla lo resuelto
La paradoja es evidente. El Algarrobico se ha convertido en un monumento involuntario a la incapacidad de las administraciones para cerrar un expediente cuando las decisiones políticas chocan con intereses económicos, responsabilidades patrimoniales y cálculos partidistas.
La propia resolución del Ayuntamiento de julio no supone todavía el derribo del edificio. Los recursos pueden prolongar la batalla jurídica y, previsiblemente, retrasar de nuevo la recuperación efectiva del terreno. El Gobierno central y la Junta de Andalucía tienen desde 2011 un protocolo para repartirse las actuaciones y los costes de la demolición y la restauración ambiental.
Pero el episodio deja una conclusión política difícil de esquivar: el hotel que nació bajo un gobierno municipal socialista continúa encontrando resistencia precisamente cuando se pretende desmontar el entramado administrativo que hizo posible su construcción. Que antiguos alcaldes recurran ahora la anulación de aquella licencia puede ser jurídicamente legítimo —serán los tribunales quienes determinen si sus recursos prosperan—, pero políticamente resulta difícil no verlo como una nueva contribución a la interminable demora del Algarrobico.
Después de más de veinte años, decenas de resoluciones judiciales y sucesivos requerimientos para que Carboneras actúe, lo que necesita el Algarrobico no es otra prórroga, sino que las administraciones cumplan de una vez las resoluciones firmes, culminen la demolición y devuelvan este enclave del Cabo de Gata a la protección que nunca debió abandonar.
