El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha reiterado que el Ejecutivo central mantiene la vía de la expropiación como solución para posibilitar la demolición del hotel de El Algarrobico, en Carboneras. Así lo señaló tras el anuncio realizado el pasado 10 de febrero por la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a los pies del inmueble.
Martín subrayó que la voluntad del Gobierno de España es poner fin a una situación que se prolonga desde hace más de dos décadas, si bien reconoció que no puede concretar en qué punto exacto se encuentra el procedimiento expropiatorio. Esta actuación permitiría al Estado adquirir la parte del edificio que invade el dominio público marítimo-terrestre.
La expropiación parcial del hotel, promovido por Azata del Sol, quedó el pasado mes de septiembre pendiente de la fijación del justiprecio, una vez declarado firme el acuerdo de necesidad de ocupación, susceptible aún de recurso judicial por parte de la mercantil.
El subdelegado calificó el inmueble como un “monumento al urbanismo salvaje” y recordó que se levanta en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, espacio que también resulta invadido por la construcción. En este contexto, volvió a instar a la Junta de Andalucía a sumarse a la iniciativa expropiatoria en el ámbito de sus competencias, al considerar poco coherente una demolición parcial del edificio.
El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero contempla la expropiación de aproximadamente la mitad de los 32.654 metros cuadrados que ocupa el hotel, correspondientes a la franja de dominio público marítimo-terrestre. La otra mitad del inmueble se adentra en suelo del parque natural, cuya gestión corresponde a la administración autonómica.
Desde el Gobierno andaluz se ha rechazado la expropiación como vía para la demolición y se ha insistido en la anulación de la licencia de obras otorgada en 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras, un procedimiento que sigue en tramitación.
El Ejecutivo central defiende que el uso del hotel es incompatible tanto con la servidumbre de protección litoral como con su inclusión en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar, al tratarse de suelo no urbanizable y de un espacio natural protegido, lo que refuerza la necesidad de proceder a su demolición.
