El futuro del hotel de El Algarrobico entra en una nueva etapa. El Gobierno de España ha solicitado la convocatoria urgente de la comisión encargada de coordinar el proceso de demolición del edificio y la posterior recuperación ambiental del entorno, con el objetivo de avanzar en una solución definitiva para uno de los conflictos urbanísticos más prolongados del país.
La petición llega tras los últimos avances administrativos relacionados con la licencia de obras del complejo hotelero, una circunstancia que abre la puerta a acelerar los trámites necesarios para ejecutar el derribo. Desde el Ejecutivo consideran que se trata de un momento clave para coordinar las actuaciones entre las distintas administraciones implicadas y dar cumplimiento a las resoluciones que han marcado el recorrido judicial del caso durante los últimos años.
La comisión de seguimiento, integrada por representantes de la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía, tiene como finalidad establecer la hoja de ruta para la demolición del inmueble y la restauración de la zona afectada. Entre sus funciones figura la coordinación de los aspectos técnicos, jurídicos y medioambientales necesarios para completar el proceso.
El acuerdo de colaboración suscrito entre ambas administraciones contempla un reparto de responsabilidades. El Gobierno central asumiría los costes de la demolición del edificio, mientras que la Junta de Andalucía se encargaría de la gestión de los residuos generados y de las actuaciones destinadas a recuperar ambientalmente el enclave.
El hotel de El Algarrobico, situado en el municipio de Carboneras, dentro del entorno protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, permanece paralizado desde hace casi dos décadas. Desde entonces, el proyecto ha protagonizado numerosos procedimientos judiciales y administrativos que han convertido el caso en un símbolo del debate sobre la protección del litoral y la ordenación urbanística.
Con los últimos movimientos institucionales, las administraciones implicadas afrontan ahora el reto de materializar una actuación largamente demandada por distintos colectivos sociales y ecologistas, que consideran la demolición del edificio un paso imprescindible para la recuperación paisajística y ambiental de la zona.
