El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha reiterado que el Ejecutivo central mantiene la vía de la expropiación como solución para posibilitar la demolición del hotel de El Algarrobico, en Carboneras. Así lo señaló tras el anuncio realizado el pasado 10 de febrero por la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a los pies del inmueble.
Martín subrayó que la voluntad del Gobierno de España es poner fin a una situación que se prolonga desde hace más de dos décadas, si bien reconoció que no puede concretar en qué punto exacto se encuentra el procedimiento expropiatorio. Esta actuación permitiría al Estado adquirir la parte del edificio que invade el dominio público marítimo-terrestre.
La expropiación parcial del hotel, promovido por Azata del Sol, quedó el pasado mes de septiembre pendiente de la fijación del justiprecio, una vez declarado firme el acuerdo de necesidad de ocupación, susceptible aún de recurso judicial por parte de la mercantil.
El subdelegado calificó el inmueble como un “monumento al urbanismo salvaje” y recordó que se levanta en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, espacio que también resulta invadido por la construcción. En este contexto, volvió a instar a la Junta de Andalucía a sumarse a la iniciativa expropiatoria en el ámbito de sus competencias, al considerar poco coherente una demolición parcial del edificio.
El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero contempla la expropiación de aproximadamente la mitad de los 32.654 metros cuadrados que ocupa el hotel, correspondientes a la franja de dominio público marítimo-terrestre. La otra mitad del inmueble se adentra en suelo del parque natural, cuya gestión corresponde a la administración autonómica.
Desde el Gobierno andaluz se ha rechazado la expropiación como vía para la demolición y se ha insistido en la anulación de la licencia de obras otorgada en 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras, un procedimiento que sigue en tramitación.
El Ejecutivo central defiende que el uso del hotel es incompatible tanto con la servidumbre de protección litoral como con su inclusión en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar, al tratarse de suelo no urbanizable y de un espacio natural protegido, lo que refuerza la necesidad de proceder a su demolición.
La Junta elige otro camino
Para la Junta de Andalucía es determinante el acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras, que ha remitido el expediente al Consejo Consultivo de Andalucía para la emisión de su dictamen definitivo, todavía pendiente. La Junta de Andalucía mantiene que la revisión administrativa de la licencia constituye la vía con mayor respaldo judicial para permitir el derribo del inmueble situado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
El Gobierno andaluz defiende que esta revisión se apoya en resoluciones judiciales previas que acreditan vicios de nulidad en la concesión del permiso urbanístico del hotel promovido por Azata del Sol. El edificio ocupa parcialmente suelo de dominio público marítimo-terrestre y se asienta en un entorno natural protegido. Frente a esta vía, la Junta aprecia una falta de avances relevantes en el proceso de expropiación impulsado por el Ejecutivo central desde hace casi once meses.
Esta posición se produce tras el llamamiento del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien planteó que la Junta inicie su propio proceso expropiatorio sobre la parte del hotel situada en terrenos de competencia autonómica. La estrategia del Gobierno andaluz incluye, además de su presencia en el expediente estatal, la intervención en procedimientos judiciales orientados a modificar el planeamiento urbanístico para declarar no urbanizable el paraje y a revisar de oficio la licencia otorgada al proyecto turístico.
La Junta reitera su compromiso con la recuperación ambiental del espacio y la demolición completa del edificio. En este sentido, subraya que la revisión de la licencia cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con resoluciones confirmadas posteriormente por el Tribunal Supremo.
Respecto al papel municipal, el Ejecutivo autonómico insiste en que el Ayuntamiento de Carboneras debe culminar cuanto antes la revisión de oficio de la licencia como vía jurídica sólida para resolver el conflicto. Esta postura se mantiene en el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo General de Colaboración firmado en 2011 entre la Junta y el Ministerio.
La conclusión evidente es que El Algarrobico continúa como uno de los principales conflictos urbanísticos y medioambientales de Andalucía, con competencias compartidas entre las administraciones estatal, autonómica y local. Mientras el dictamen del Consejo Consultivo permanece pendiente, las distintas instituciones sostienen posiciones diferentes sobre el instrumento más eficaz para ejecutar la demolición y garantizar la protección íntegra del paraje natural.
