El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha concedido al Ayuntamiento de Carboneras un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles para culminar el procedimiento de anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, un paso considerado decisivo para desbloquear definitivamente el proceso de demolición del edificio.
La resolución judicial se dirige expresamente al alcalde del municipio, a quien se requiere que dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol para la construcción del establecimiento hotelero.
El auto advierte de que, si el Ayuntamiento no cumple el requerimiento dentro del plazo fijado, el propio TSJA podrá ejecutar la sentencia de forma subsidiaria y proceder directamente a la anulación de la licencia. Además, el tribunal recuerda que el incumplimiento de sus resoluciones puede dar lugar a la imposición de multas coercitivas e incluso a la exigencia de responsabilidades penales a las autoridades que desobedezcan el mandato judicial.
La decisión llega después de que el pleno municipal aplazara la votación sobre la nulidad de la licencia mediante una propuesta que solicitaba nuevos informes sobre las posibles consecuencias patrimoniales y urbanísticas para el Ayuntamiento. Este retraso motivó que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía solicitaran la intervención del TSJA para evitar una nueva dilación en un procedimiento que acumula años de litigios.
La anulación de la licencia constituye uno de los últimos trámites pendientes para avanzar hacia el derribo del hotel, construido en la playa de El Algarrobico, dentro del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El inmueble, convertido en uno de los mayores símbolos de la controversia urbanística y ambiental en España, permanece inacabado desde hace más de dos décadas.
Mientras tanto, el procedimiento de expropiación impulsado por el Gobierno central queda condicionado al resultado de este proceso judicial, ya que tanto el Ejecutivo como la Junta han manifestado que la prioridad pasa ahora por dejar sin efecto la licencia municipal que permitió la construcción del edificio.
