El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que intervenga para superar el bloqueo que mantiene paralizado el proceso destinado a resolver definitivamente la situación del hotel de El Algarrobico, en Carboneras.
La petición llega después de que no se haya culminado la revisión de la licencia urbanística concedida en 2003, un trámite considerado clave para avanzar hacia la demolición del edificio y la recuperación ambiental del entorno donde se ubica.
Ambas administraciones coinciden en la necesidad de poner fin a un conflicto que se prolonga desde hace más de dos décadas y que se ha convertido en uno de los casos urbanísticos más emblemáticos de España. Sin embargo, mantienen diferencias sobre el procedimiento jurídico más adecuado para alcanzar ese objetivo.
Mientras el Gobierno central defiende que el Ayuntamiento de Carboneras debe ejecutar los pasos necesarios para anular la licencia municipal, la Junta considera que la intervención directa del TSJA podría acelerar el proceso y evitar nuevas demoras administrativas.
El debate también afecta a los procedimientos impulsados para facilitar una futura demolición. Las distintas administraciones implicadas consideran que la resolución definitiva sobre la licencia de obras resulta esencial para despejar los obstáculos legales que todavía persisten.
La situación ha adquirido una nueva dimensión tras los últimos acontecimientos en el Ayuntamiento de Carboneras, donde no se logró avanzar en la anulación del permiso urbanístico. Este escenario ha llevado tanto al Gobierno como a la Junta a reclamar una actuación judicial que permita desbloquear el expediente y avanzar hacia una solución definitiva.
Las dos administraciones han reiterado públicamente su compromiso con la desaparición del hotel y con la restauración del espacio natural en el que se encuentra. El edificio, construido en las inmediaciones del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ha sido durante años objeto de numerosos litigios y resoluciones judiciales relacionadas con su legalidad.
Ahora, el futuro de El Algarrobico vuelve a quedar en manos de la justicia andaluza, que deberá determinar los próximos pasos para resolver un conflicto que se ha convertido en uno de los símbolos de la protección del litoral y de la lucha contra los desarrollos urbanísticos controvertidos en espacios de alto valor ambiental.
