Esta modificación, aprobada hoy jueves en el pleno municipal, es un paso necesario para el derribo de la ruina del Algarrobico, puesto que explicita que el terreno no era urbanizable cuando se presentó el proyecto de construcción del hotel. Sin embargo, con este pleno, el consistorio ha dado cumplimiento sólo parcialmente a la sentencia que le obliga a la modificación, puesto que también debe publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y notificar este cambio a la Junta de Andalucía para dar por cumplida la sentencia.
La organización ecologista considera que esta modificación llega con muchos años de retraso. “Nuestro escepticismo está fundamentado en años de espera. En marzo de este año el TSJA dio un mes de plazo al ayuntamiento para que publicara la modificación en el BOP. Cuatro meses más tarde, el ayuntamiento da este paso, pero que está inconcluso. Cada paso cuenta, pero el Ayuntamiento empozoña de forma evidente cada pequeño movimiento que tiene que dar”, ha declarado Luis Berraquero, Coordinador Territorial de Greenpeace en Andalucía.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Carboneras realiza esta modificación del PGOU. Ya en 2024 dio este paso, pero fue recurrido por la Junta porque en el proceso de modificación se incluyó que se declaraban los terrenos como no urbanizables por “causas sobrevenidas”. La Junta de Andalucía recurrió dicha modificación amparándose en que el Ayuntamiento era pleno conocedor de que esos terrenos no eran urbanizables y estaban protegidos desde la publicación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en 1994. Greenpeace considera que este ping pong entre administraciones es una fórmula para eludir posibles indemnizaciones solicitadas por la empresa constructora.
Por todo ello, las demandas de Greenpeace son claras: insta al Ayuntamiento de Carboneras a que cumpla las sentencias que le obligan a anular la licencia de obras y a que finalice el trámite de modificación del PGOU iniciado hoy. Esto es un imperativo legal y va con años de retraso. Por otro lado, Greenpeace exhorta a la Junta de Andalucía a que inicie el proceso de expropiación de la parte de los terrenos del hotel que se asienta sobre el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Este proceso expropiatorio se sumaría al iniciado por el Estado y podría acelerar la resolución de este galimatías judicial en el que se encuentra el principal icono del urbanismo devastador de la costa en España. Puesto que el Ayuntamiento de Carboneras ha demostrado, con hechos, poner en marcha todas las estrategias dilatorias que encuentra para alargar el cumplimiento de sentencias, “esta es una oportunidad para que la Junta de Andalucía plasme su compromiso de acabar con el problema de El Algarrobico con hechos y no sólo con palabras”, ha añadido Luis Berraquero.
La Junta se persona en el proceso expropiatorio
Este mismo jueves, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha anunciado su personación formal en el expediente expropiatorio abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica, tras más de cinco meses sin recibir ninguna documentación por parte del Estado, a pesar de haberla solicitado “de forma reiterada”.
Según la Junta, esta decisión responde a la necesidad de tener conocimiento directo de los pasos previstos por el Estado y “reforzar el compromiso de todas las administraciones con la demolición del hotel ilegal y la restauración ecológica de una de las zonas más valiosas de la costa andaluza”.
“No se trata de entorpecer, sino de colaborar y garantizar que se actúe con rigor y celeridad”, sostienen desde la Junta, que ya prevé en los Presupuestos de 2025 una partida de un millón de euros para el desescombro y la renaturalización.
La Administración autonómica recuerda que existe un convenio con el Ministerio desde 2011, que reparte responsabilidades: el Estado se haría cargo de la demolición, y la Junta asumiría el desescombro, la reparación ambiental y la gestión de residuos.
