El Gobierno andaluz rechaza por ahora la implantación de una tasa turística pese a que varios alcaldes de las principales ciudades de Andalucía reclaman disponer de libertad para decidir si aplicarla, especialmente en los destinos que soportan una elevada presión turística y mayores costes sobre sus servicios públicos.
El debate sobre la implantación de una tasa turística vuelve a cobrar fuerza en Andalucía. La petición ha sido planteada por varios alcaldes de capitales andaluzas, que consideran necesario disponer de una herramienta fiscal que permita a los municipios que soportan una mayor presión turística obtener recursos adicionales para afrontar los costes derivados de la actividad.
La respuesta de la Junta de Andalucía, sin embargo, ha sido contraria. El vicepresidente y consejero de Turismo, Manuel Gavira, ha rechazado recientemente la posibilidad de establecer este gravamen en la comunidad y ha cuestionado que la creación de un nuevo impuesto sea la solución para los problemas que afrontan los destinos turísticos.
Sevilla vuelve a reclamar la posibilidad de aplicar la tasa
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recuperado recientemente esta reivindicación y pretende trasladarla directamente al consejero de Turismo. Su planteamiento es que quienes visitan la ciudad contribuyan también al sostenimiento de los servicios públicos y de las infraestructuras de las que hacen uso durante su estancia. Sanz ha defendido que los turistas ya pagan este tipo de gravámenes cuando viajan a numerosos destinos europeos y considera que Sevilla debería disponer de una herramienta similar.
Pero, la petición del alcalde sevillano no es aislada. Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada también se han mostrado favorables a que los municipios puedan disponer de esta posibilidad. En el caso de Córdoba, su alcalde y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, José María Bellido, ha defendido que la tasa no tendría por qué aplicarse de manera generalizada. A su juicio, debería existir la posibilidad de que cada municipio decidiera en función de su realidad turística y de los costes que soporta.
La posición expresada por los alcaldes de las capitales andaluzas se remonta al debate celebrado meses atrás sobre el futuro sostenible de las ciudades. En aquella ocasión, los regidores de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada defendieron abiertamente la necesidad de modificar el marco normativo para permitir la aplicación de una tasa turística y reclamaron que cada ayuntamiento pudiera decidir si la establece o no.
El argumento principal no es penalizar al turismo, sino conseguir que una parte de los ingresos generados por la actividad turística pueda contribuir a financiar los servicios que utilizan los visitantes. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, defendió entonces que la tasa permitiría que los turistas contribuyeran a sufragar determinados servicios públicos. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, puso como ejemplo el modelo del Patronato de la Alhambra, cuyos ingresos contribuyen al mantenimiento y conservación del conjunto monumental.
Almería, en las posiciones más cercanas a VOX y a la Junta de Andalucía
Pero no todos los alcaldes de las capitales comparten esta posición. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha mantenido una postura mucho más conservadora y ha señalado que «su prioridad es seguir atrayendo visitantes», a pesar de que todos los datos indican que la tasa turística no supone peso negativo en el número de turistas en las ciudades donde se aplica.
La posición almeriense contrasta con la de ciudades como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, que consideran que la presión turística justifica disponer de mecanismos específicos de financiación. También Jaén y Huelva se han situado en una posición contraria a la implantación inmediata del tributo, al considerar prioritario incrementar primero su capacidad de atracción turística.
El rechazo del Gobierno andaluz se ha producido de forma explícita. Manuel Gavira (VOX) ha calificado la creación de una tasa turística como una solución “fácil y reduccionista” y ha advertido de los posibles efectos negativos que podría tener sobre el turismo interno. El consejero sostiene además que no existen evidencias suficientes de que la implantación del impuesto se traduzca automáticamente en una mejora de los servicios públicos.
Su posición supone, por ahora, un freno a las demandas de los alcaldes partidarios de disponer de esta herramienta fiscal.
Un debate que va más allá del impuesto
La discusión sobre la tasa turística se encuentra vinculada a una cuestión más amplia: cómo deben financiarse los municipios que reciben grandes cantidades de visitantes y que, durante determinados periodos del año, deben reforzar servicios como la limpieza, la seguridad, el transporte, el mantenimiento de espacios públicos o la conservación del patrimonio.
Bellido ha defendido precisamente que no todos los municipios tienen las mismas necesidades y que la solución no debería consistir necesariamente en una tasa generalizada. Entre las alternativas que ha planteado figura una mayor participación de los municipios turísticos en los ingresos tributarios y la creación de mecanismos específicos de financiación.
La cuestión también conecta con el debate sobre la financiación local. Los alcaldes reclaman desde hace tiempo mayores competencias y recursos económicos para poder hacer frente a las responsabilidades que asumen.
El debate se produce en un momento en el que algunas ciudades y espacios naturales andaluces afrontan una creciente presión turística. El incremento de visitantes puede generar beneficios económicos y empleo, pero también costes sobre el territorio y los servicios públicos. En determinados enclaves naturales, la masificación ya ha obligado a establecer restricciones de acceso para proteger los ecosistemas y garantizar la seguridad.
En este contexto, la tasa turística se presenta por sus defensores como una posible herramienta para vincular parte de los ingresos generados por los visitantes con la financiación de las necesidades que provoca la propia actividad turística. Por ahora, la Junta mantiene su negativa, mientras varios alcaldes reclaman que sean los propios municipios quienes puedan decidir si necesitan o no aplicar este instrumento.
