¡Santiago y cierra España! (y sobre todo, Almería)

Santiago Abascal en Almería
Cabo de Gata
La «prioridad nacional» y la «remigración» centraron el discurso de Vox, que propone reservar ayudas, vivienda pública y prestaciones a los españoles, restringir el acceso de los inmigrantes a servicios esenciales y promover su expulsión. Su programa electoral incluye además la derogación de la Ley de Igualdad y de las normas de género, un planteamiento que supone un retroceso en las políticas públicas de lucha contra la discriminación y la violencia machista.

La visita de Santiago Abascal a Almería este sábado ha servido para presentar los principales ejes del programa electoral de Vox para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Más allá de sus ataques al Gobierno y sus referencias a la economía, el discurso del líder de la formación estuvo marcado por dos conceptos que definen su propuesta política en materia migratoria: «prioridad nacional» y «remigración».

Se trata de un planteamiento que establece una diferencia de derechos y oportunidades en función de la nacionalidad y la situación administrativa de las personas. La preferencia de los españoles frente a la población extranjera en el acceso a recursos públicos, junto a las propuestas de expulsión y exclusión social, constituye el núcleo de una política que sus críticos califican de xenófoba por convertir el origen nacional en un criterio de discriminación.

Vivienda, ayudas y servicios públicos: primero los españoles

Abascal defendió en la Plaza de la Constitución que los españoles deben tener prioridad en el acceso a las ayudas sociales, las ayudas al alquiler y las plazas de guardería. La propuesta no se limita a una declaración política: el programa electoral de Vox plantea extender ese principio a la vivienda pública y protegida, las plazas de comedor y transporte, las prestaciones y los servicios sociales.

La formación propone también suprimir las ayudas y beneficios sociales para las personas inmigrantes en situación irregular, excluirlas de la atención sanitaria pública salvo en casos de urgencia grave y reservar el Ingreso Mínimo Vital exclusivamente a ciudadanos españoles.

El documento incluye, además, medidas como gravar las remesas de dinero enviadas al extranjero y establecer la residencia legal como requisito para alquilar una vivienda.

Este modelo introduce una distinción entre personas que pueden encontrarse en situaciones económicas y sociales de idéntica vulnerabilidad, pero que recibirían un trato diferente por su nacionalidad o situación administrativa. En una provincia como Almería, donde la población migrante desempeña un papel fundamental en sectores como la agricultura, la construcción, los cuidados y los servicios, estas propuestas tienen una especial relevancia social y, como pasó con las políticas de Trump en Texas, podrían causar un grave daño a la economía provincial.

La «remigración»: expulsiones y restricciones a la regularización

El grito de guerra que se atribuye a Don Pelayo en su lucha para arrebatar tierras «a los moros», ¡Santiago y cierra España! se volvió a oír ayer en el mitin preelectoral de VOX. El segundo eje de la propuesta migratoria es la denominada «remigración». Abascal explicó en Almería que deben marcharse quienes, según sus palabras, «no tienen que estar aquí», incluyendo a personas que reciben ayudas sociales sin trabajar, delincuentes e inmigrantes en situación irregular.

El programa desarrolla esta idea mediante la repatriación de quienes se encuentren en situación administrativa irregular, la deportación de extranjeros condenados por determinados delitos y la expulsión de quienes, según la interpretación de Vox, intenten imponer costumbres o culturas incompatibles con su modelo de sociedad.

También propone prohibir las regularizaciones extraordinarias, suprimir el arraigo como vía para obtener la residencia y endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad española. A ello se suma la devolución de menores extranjeros no acompañados a sus familias o a instituciones de tutela de sus países de origen.

La utilización del término «remigración» para agrupar estas medidas ha generado controversia por su alcance y por las implicaciones que puede tener para personas extranjeras que llevan años residiendo en España. El programa no plantea únicamente combatir la inmigración irregular, sino también promover el retorno de extranjeros que, a juicio de la formación, no contribuyan económicamente o dependan de prestaciones públicas.

Derogar las leyes de igualdad y las políticas contra la violencia machista

El programa de Vox no se limita a endurecer las políticas migratorias. También recoge un compromiso explícito de derogar la Ley de Igualdad y las normas de género que el partido considera que han «criminalizado a los hombres».

Esta propuesta supone cuestionar el marco legislativo construido durante las últimas décadas para combatir la discriminación por razón de sexo, promover la igualdad efectiva y ofrecer una respuesta específica a la violencia contra las mujeres.

La formación rechaza el enfoque de género de las políticas públicas y plantea sustituir las actuales leyes por un modelo que denomina de protección de todas las víctimas de violencia en el ámbito doméstico, sin distinguir entre violencia ejercida contra las mujeres por razón de género y otras formas de violencia familiar.

La diferencia no es meramente terminológica. La legislación específica contra la violencia de género reconoce que determinados delitos se producen en un contexto de desigualdad y relaciones de poder entre hombres y mujeres, y establece instrumentos de prevención, protección y asistencia adaptados a esa realidad. Su derogación supondría eliminar ese marco específico y revisar las estructuras institucionales y los recursos que se han desarrollado para combatir esta forma de violencia.

Durante su intervención en Almería, Abascal también cargó contra las denominadas «ideologías de género» y cuestionó las políticas relacionadas con la igualdad, a las que vinculó con planteamientos ideológicos promovidos, según él, por el PSOE y el PP.

Un discurso que interpela especialmente a Almería

El líder de Vox hizo un llamamiento específico a las mujeres para que participen en la movilización electoral, vinculando la inmigración con lo que denominó «violencia religiosa» y con la llegada de personas que, según sus afirmaciones, pretenden imponer ideologías contrarias a la libertad de las mujeres.

Sin embargo, la defensa de los derechos de las mujeres no puede desligarse de la evaluación de las medidas concretas que propone una formación política. En este caso, Vox combina un discurso de protección frente a determinadas prácticas culturales con el compromiso de derogar las leyes y políticas públicas específicamente diseñadas para combatir la desigualdad y la violencia machista. La contradicción entre ambos planteamientos constituye uno de los elementos centrales del debate sobre su programa.

En Almería, además, la política migratoria tiene una dimensión especialmente importante. La población extranjera forma parte de la realidad social y económica de la provincia, particularmente en el sector agrícola. Las propuestas de Vox afectan directamente a cuestiones como el acceso a la vivienda, la atención sanitaria, las prestaciones sociales y las posibilidades de regularización de miles de personas.

Un modelo de sociedad basado en la nacionalidad y la revisión de derechos

El acto de Abascal ha permitido conocer con mayor claridad el alcance de las propuestas que Vox pretende llevar al Gobierno. La prioridad nacional, la remigración y la derogación de las leyes de igualdad no son medidas aisladas, sino partes de un programa que plantea modificar profundamente los criterios de acceso a los derechos sociales y el modelo de protección frente a la discriminación.

La formación defiende estas medidas como instrumentos para proteger a los españoles y recuperar el control de las fronteras. Sus consecuencias, sin embargo, afectarían también a los servicios públicos, a la convivencia y a los derechos de la población extranjera residente en España.

La aplicación de estas propuestas exigiría reformas legales y debería someterse al marco constitucional, al derecho de la Unión Europea y a los compromisos internacionales de España. El debate electoral no se limita, por tanto, a una cuestión de política migratoria: también afecta al modelo de igualdad, cohesión social y protección de derechos que se quiere construir para el conjunto de la ciudadanía.



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