Sumar llevará al Defensor del Pueblo la negativa de las comunidades autónomas que rechacen acoger a menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. La portavoz de la formación en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, anunció esta iniciativa durante la reunión de la dirección de Movimiento Sumar celebrada este sábado.
La dirigente de Sumar sostuvo que la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes constituye una obligación establecida en la legislación española y reclamó que las administraciones autonómicas cumplan con sus responsabilidades de protección de la infancia.
La iniciativa se produce en un contexto de fuerte presión sobre el sistema de protección de Ceuta después de la entrada masiva de personas migrantes registrada a finales de julio. Según los últimos datos difundidos por el Gobierno, la situación de la ciudad autónoma ha obligado a plantear medidas extraordinarias para aliviar la presión sobre sus recursos de acogida.
Sumar apunta directamente al PP
Martínez Barbero dirigió buena parte de sus críticas al Partido Popular y a los gobiernos autonómicos que, según Sumar, se están negando a participar en el traslado de menores desde Ceuta.
La portavoz parlamentaria afirmó que el PP tendrá que dar explicaciones ante el Defensor del Pueblo y defendió que la solidaridad con Ceuta debe traducirse en la acogida efectiva de los menores en distintos territorios de la Península.
La formación considera que la distribución territorial resulta necesaria para evitar que territorios fronterizos como Ceuta soporten de manera prácticamente exclusiva la atención de los menores que llegan sin referentes familiares.
Sumar también acusó al PP de competir con Vox en materia migratoria. Martínez Barbero sostuvo que asumir las políticas de la formación de extrema derecha no contribuye a reducir su influencia, sino que puede reforzarla.
Andalucía, en el centro del debate
La cuestión afecta directamente a Andalucía, una de las comunidades que soportan una mayor presión migratoria por su situación geográfica. El Gobierno central ha establecido una capacidad ordinaria de 3.009 plazas para menores extranjeros no acompañados en el sistema de protección andaluz, dentro del mecanismo estatal de distribución territorial.
Además, el Ejecutivo aprobó en julio un reparto de 35 millones de euros entre las comunidades y ciudades autónomas para financiar la atención y acogida de menores migrantes no acompañados. Andalucía recibió en ese reparto algo más de 4 millones de euros. Los fondos están destinados, entre otras cuestiones, a sufragar la atención inmediata, la ampliación de plazas, la escolarización, el apoyo psicosocial y las actuaciones de inclusión social de estos menores.
La posición de Sumar introduce así una nueva dimensión institucional en el conflicto sobre el reparto de menores: además de la disputa política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, la formación pretende que el Defensor del Pueblo examine la actuación de aquellas administraciones que se nieguen a participar en la acogida.
Un problema que trasciende a Ceuta
El Defensor del Pueblo lleva años advirtiendo de las dificultades que afrontan las comunidades y ciudades autónomas situadas en las principales rutas migratorias. En sus informes ha señalado especialmente la presión que sufren Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, debido a su posición geográfica y a la llegada de menores extranjeros no acompañados. La institución también ha destacado históricamente la necesidad de disponer de recursos suficientes y de mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones para garantizar la protección de los menores.
La situación de Ceuta vuelve a poner sobre la mesa ese problema. La ciudad autónoma se encuentra ante una presión extraordinaria sobre su sistema de protección y reclama la colaboración del resto del territorio nacional para poder atender adecuadamente a los menores.
Para Sumar, la respuesta debe pasar por una distribución solidaria y equilibrada de la acogida, mientras que la negativa de determinadas comunidades debe ser sometida a control institucional.
La petición anunciada por Martínez Barbero trasladará, por tanto, el conflicto desde el terreno estrictamente político al ámbito de la defensa de los derechos de la infancia. El objetivo de Sumar es que el Defensor del Pueblo determine si las comunidades que rechazan la acogida están incumpliendo las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico y, en su caso, reclame las actuaciones necesarias.
