En los últimos tiempos, una de las quejas más recurrentes entre los vecinos de numerosas localidades españolas ha sido el constante aumento de la tasa de basuras, la segunda mayor fuente de ingresos para la mayoría de ayuntamientos tras el IBI. Una tasa implementada para cumplir con la normativa europea de “quien contamina, paga”, exigiendo a los ciudadanos que asuman el coste total de la gestión de residuos.
Mas la tasa ha alcanzado en algunos municipios unos niveles considerados como “insoportables”, como es el caso de Níjar. La villa nijareña se ha situado en 2025 como una de las localidades españolas con una tasa de residuos domiciliarios más alta de España, con una cuota media por hogar de 200,40 euros/año, equivalente a 33,40 euros al bimestre, según publicó el Boletín Oficial de Almería número 178, de fecha 17 de septiembre de 2025.
No obstante a esta tarifa, superior cuando se trata de bares, restaurantes, hostales, fabricas…, se incrementa un 30% en los denominados núcleos costeros, “consecuencia del doble servicio de recogida entre junio y septiembre, ambos inclusive”. Por costeros, el Ayuntamiento señala a Aguamarga, Boca de los Frailes, Escullos, Isleta del Moro, Las Negras, Pozo de los Frailes, Rodalquilar y San José.
Según el informe “Las Tasas de Residuos en España 2025” del Observatorio de la fiscalidad de la Fundación ENT, la tasa media nacional de basuras asciende a 116,32 euros para un hogar “tipo” con criterios estandarizados: viviendas de 75 metros cuadrados, dos residentes, y con unos 964 kilos de residuos anuales. El estudio revela la enorme disparidad fiscal del país por este concepto, situando a la tasa de basura de Níjar (200,40 euros) entre las más elevadas del país, tan sólo superada por Valencia (287,56); Girona (238,00); Tarragona (236,29); Palma de Mallorca (209,72); y San Sebastián (206,90) y muy lejos, desde luego, de otras capitales como Toledo (56,87 euros); Palencia (37,41); León (62,53); y Cáceres (63,88), entre las más baratas.
La gran disparidad en los importes y criterios aplicados por los diferentes ayuntamientos, está generando inseguridad jurídica y caos normativo, alejados del que “quien contamina paga” que debería regir según la normativa comunitaria. Un desconcierto que va a provocar, según los inspectores locales de Hacienda, una avalancha de reclamaciones judiciales por parte tanto de particulares como de empresas ante la falta de directrices comunes por parte de la Administración Central. Una situación en la que se vislumbra que el ayuntamiento de Níjar no será ajeno a este proceso a la vista de la elevada factura final que pagan los vecinos por la tasa de basuras.
