La defensa de las tierras públicas procedentes del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) ha recibido un respaldo clave por parte del Estado, tras una resolución que afecta directamente al municipio de Níjar y a varios conflictos abiertos por la delimitación de fincas rústicas.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha dado parcialmente la razón a la Junta de Andalucía en un recurso presentado por la Delegación Territorial de Agricultura en Almería, después de que el Registro de la Propiedad número 3 de la capital rechazara inscribir una segregación de terreno promovida por la Administración autonómica.
El caso se remonta a enero de 2025, cuando la Junta intentó regularizar una parcela de algo más de 5.000 metros cuadrados, procedente de una finca matriz propiedad del Ayuntamiento de Níjar y con origen en tierras del antiguo Instituto Nacional de Colonización. La intención era crear una finca independiente y dejar constancia registral de su carácter público. Sin embargo, dos propietarios colindantes presentaron oposición al considerar que la nueva delimitación invadía parte de sus terrenos.
Uno de ellos alegó que llevaba más de tres décadas poseyendo la superficie discutida, afirmando haberla explotado “de forma pacífica” y haber construido incluso una balsa de riego. Con estos argumentos pretendía acogerse a la figura de la usucapión, es decir, adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo.
La Junta rechazó de plano esta posibilidad. En su recurso recordó que las tierras de dominio público son inalienables e imprescriptibles, por lo que no pueden pasar a manos privadas aunque hayan sido ocupadas durante años. Además, aportó imágenes de satélite para demostrar que la balsa citada por el particular no existía en fechas recientes, reforzando la tesis de que se trata de una ocupación sin título válido.
La Dirección General ha avalado esta postura: las alegaciones basadas únicamente en la posesión o el uso no pueden impedir la inscripción de bienes públicos. Con ello, se refuerza la protección del patrimonio agrario frente a intentos de apropiación de facto.
No obstante, el organismo estatal también ha señalado que la Administración debe extremar el rigor técnico. Un segundo colindante presentó un informe pericial que acreditaba una superposición real de más de 130 metros cuadrados entre su finca y la parcela que la Junta pretendía inscribir. En este punto, la resolución considera que existe un conflicto de delimitación que solo puede resolverse mediante acuerdo entre las partes o por la vía judicial.
El fallo, fechado en octubre de 2025, marca un precedente importante para Níjar y para toda la provincia. Por un lado, confirma que las tierras del antiguo IARA están blindadas frente a la usucapión; por otro, deja claro que cualquier proceso de regularización debe apoyarse en mediciones exactas y consensuadas.
La resolución agota la vía administrativa y abre la puerta a que la delimitación definitiva se dirima, si no hay acuerdo, en los juzgados de lo civil. Mientras tanto, el mensaje es claro: el suelo público se defiende, pero también se mide con precisión.
