La Cámara de Cuentas advierte de que el 93% de los informes de control financiero analizados no fueron plenamente favorables y señala deficiencias en contratación, subvenciones y sistemas de información. La Junta de Andalucía sustituyó entre 2020 y 2024 el control previo por un sistema de control financiero permanente sobre obligaciones reconocidas por, al menos, 37.921,01 millones de euros, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Cerca del 80% de esa cantidad, 30.276,47 millones, correspondió a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El cambio implica que determinados gastos dejan de ser fiscalizados antes de su aprobación y pasan a ser examinados posteriormente. El control previo tiene carácter suspensivo cuando la Intervención formula reparos, mientras que el control financiero permanente se realiza una vez ejecutada la actividad y no permite paralizar el expediente en ese momento.
La Cámara de Cuentas ha analizado esta modificación para determinar si la sustitución respondía a criterios de eficacia, eficiencia y economía, tal como argumentó el Gobierno andaluz.
37.921 millones sometidos al procedimiento
El volumen económico fiscalizado se distribuye en tres grandes bloques. El primero corresponde a órganos y servicios, con 30.387,14 millones de euros, el 80,13% del total. Dentro de este apartado sobresale el SAS, cuyos centros de gasto periféricos acumularon 30.276,47 millones.
El segundo bloque está formado por subvenciones y ayudas, con 2.652,13 millones, correspondientes a 47 bases reguladoras de ocho consejerías. La Consejería de Empleo concentra 1.174,60 millones distribuidos en 13 líneas.
El tercer apartado engloba otros gastos, por 4.881,74 millones, entre los que se encuentran partidas relacionadas con el ámbito educativo, como los salarios del personal docente y los gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios.
Uno de los aspectos destacados por la Cámara de Cuentas es el resultado de los 188 informes definitivos de control financiero emitidos por la Intervención General de la Junta durante el periodo analizado. Solo 12 informes, el 6,38%, obtuvieron una opinión favorable. Otros 134, el 71,28%, presentaron salvedades, mientras que 42, equivalentes al 22,34%, recibieron una opinión desfavorable. En conjunto, por tanto, el 93,62% de los informes no fueron plenamente favorables.
La Cámara de Cuentas advierte además de que no existen indicadores específicos que permitan determinar de manera sistemática si la sustitución del control previo por el control financiero permanente ha mejorado la eficacia, la eficiencia o la economía de la gestión pública.
El informe también identifica distintas deficiencias en los ámbitos sometidos a control. En materia de contratación, la Cámara señala la utilización incorrecta del contrato menor en el 100% de los informes analizados. Entre las incidencias aparecen contratos con prestaciones recurrentes o expedientes en los que se acumulan contratos con objetos similares, superando los límites establecidos para esta modalidad.
También se detectaron errores relacionados con documentos contables, fechas de devengo y vencimiento de pagos en el 75% de los informes examinados.
En el ámbito de las subvenciones y ayudas, los incumplimientos relativos a la instrucción y concesión aparecen en el 94,44% de los casos analizados. Las deficiencias relacionadas con la justificación y el pago afectan al 88,89%, mientras que el cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios presenta incidencias en el 72,22%.
La Cámara de Cuentas también pone el foco en los sistemas de información utilizados por la Administración autonómica. El informe señala que la Intervención General no dispone de un registro centralizado y homogéneo sobre la fecha de inicio de todas las actuaciones de control financiero permanente. Esta circunstancia dificulta calcular de forma sistemática los tiempos medios de tramitación y evaluar la eficiencia del modelo.
La fiscalización detecta además errores, duplicidades, carencias de información y problemas de trazabilidad en los sistemas y bases de datos utilizados. El organismo fiscalizador considera que estas limitaciones dificultan comprobar si el procedimiento adoptado ha permitido alcanzar los objetivos de eficacia y eficiencia que justificaron su implantación.
La Cámara reclama reforzar los mecanismos de control
Ante estas conclusiones, la Cámara de Cuentas formula varias recomendaciones a la Junta de Andalucía. Entre ellas figura la creación de un instrumento que permita identificar y realizar un seguimiento sistemático de los gastos, órganos y servicios incluidos en el sistema de control financiero permanente. También plantea elaborar un inventario consolidado con información sobre cada actuación sometida a este procedimiento.
El organismo recomienda igualmente analizar el impacto de la sustitución del control previo, mejorar la planificación anual de las actuaciones de control atendiendo a criterios de riesgo y materialidad y establecer indicadores que permitan medir sus efectos sobre la eficacia, eficiencia y economía de la gestión pública.
La fiscalización, por tanto, no cuestiona que la normativa permita sustituir en determinados supuestos el control previo por el financiero permanente. El principal señalamiento de la Cámara de Cuentas se centra en la necesidad de contar con criterios, información e indicadores suficientes para determinar si el cambio ha cumplido realmente los objetivos de gestión que justificaron su aplicación.
