Alrededor de 35.000 menores andaluces necesitan actualmente atención temprana, un servicio dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. Mientras la Junta defiende el incremento de recursos y financiación del sistema, familias y profesionales denuncian listas de espera, inestabilidad y los problemas derivados de un modelo basado mayoritariamente en conciertos con entidades privadas.
La atención temprana se ha convertido en un servicio esencial para miles de familias andaluzas. El sistema está dirigido a menores de seis años que presentan trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos y se articula fundamentalmente a través de los Centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT), unidades especializadas integradas por equipos interprofesionales.
La Ley 1/2023, de 16 de febrero, de Atención Temprana de Andalucía, establece principios como la universalidad y la gratuidad de la prestación, de modo que el coste debe ser asumido por la Administración autonómica. La norma también contempla la participación de las familias, profesionales y entidades sociales en el desarrollo del sistema.
Sin embargo, el funcionamiento cotidiano de este modelo está generando un creciente debate entre la Administración, las familias y los profesionales.
Almería, una de las provincias con mayor lista de espera
Uno de los datos más preocupantes procede de Almería. Según las cifras que manejan las familias y profesionales citadas por eldiario.es, la provincia acumula más de 700 menores en lista de espera para acceder a atención temprana. Granada supera los 200 niños pendientes de atención.
Estas cifras resultan especialmente relevantes por las características de la atención temprana. No se trata de una prestación que pueda aplazarse indefinidamente, ya que se desarrolla precisamente durante los primeros años de vida, una etapa fundamental para intervenir sobre determinados trastornos del desarrollo.
Las familias denuncian que, en algunos casos, la atención recibida a través de los CAIT debe complementarse con terapias privadas para garantizar el seguimiento que consideran necesario. La situación también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para garantizar una atención homogénea en las distintas provincias andaluzas.
Un modelo basado en el concierto social
La prestación se articula en Andalucía mediante un sistema de «concierto social», una fórmula de gestión indirecta que permite la participación de entidades privadas y del tercer sector. La Junta explica que este modelo fue regulado mediante el Decreto 57/2020 y que «pretende garantizar una gestión eficaz, así como calidad, estabilidad y continuidad en la prestación», como si la gestión directa no fuera capaz de hacerlo. La normativa establece además que el precio de la sesión se determina mediante la adjudicación del correspondiente concierto.
El modelo no es, por tanto, una privatización en sentido estricto del derecho a la atención temprana: la prestación continúa siendo responsabilidad de la Administración y mantiene su carácter gratuito para las familias. Pero buena parte de la asistencia se presta a través de entidades externas. Precisamente ahí se encuentra una de las principales críticas de los profesionales y las familias, que cuestionan las consecuencias que puede tener la renovación periódica de los conciertos sobre la continuidad de los equipos y de los tratamientos.
La nueva contratación eleva la financiación
La Junta defiende que la situación debe analizarse también desde la evolución de los recursos destinados al sistema. El Gobierno andaluz señala que la inversión anual en atención temprana ha aumentado un 90% desde 2018, pasando de 29,6 millones de euros a los 55,7 millones previstos para 2026. También asegura que el número de menores atendidos anualmente pasó de 22.363 en 2018 a 34.753 en 2024.
La nueva planificación del concierto social contempla 255 lotes y 1.737.456 sesiones, con un presupuesto anual de 52,3 millones de euros. Según la Junta, esto representa un incremento del 13,1% en el presupuesto y del 5,1% en el número de sesiones, mientras que el precio por sesión aumenta de 28 a 30,13 euros.
En la licitación aprobada en 2025, el presupuesto global de los nuevos contratos ascendió a 104,7 millones de euros para el periodo correspondiente a la contratación, con el precio unitario fijado igualmente en 30,13 euros por sesión.
La Junta asegura que aumenta la capacidad asistencial
La Administración autonómica sostiene que el concierto social ha permitido ampliar la capacidad asistencial del sistema. Según sus datos, desde 2019 se han abierto 25 nuevos CAIT y la implantación del modelo habría permitido aumentar un 27% la capacidad asistencial. La Junta calcula además un incremento de las sesiones disponibles y de los menores que pueden ser atendidos.
La Administración destaca igualmente que actualmente existen 188 centros participantes en el concierto social, junto a 21 delegaciones de competencias, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial.
Estos datos contrastan con las denuncias procedentes de familias y profesionales sobre listas de espera y dificultades para acceder al servicio en determinadas provincias.
El problema de la estabilidad de los profesionales
Uno de los elementos centrales del conflicto es la situación laboral de los profesionales que trabajan en los CAIT.
Las familias y los trabajadores sostienen que las sucesivas adjudicaciones pueden generar incertidumbre sobre la continuidad de los equipos. La atención temprana requiere profesionales especializados de diferentes disciplinas y una relación continuada con los menores y sus familias.
La propia Junta reconoce la importancia de los equipos profesionales y señala que el nuevo concierto se ha diseñado teniendo en cuenta las tablas salariales del convenio colectivo estatal aplicable a los centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Además, la Administración calcula que la ampliación de sesiones derivada del nuevo concierto permitirá aumentar el número de profesionales directamente vinculados a la prestación.
El debate, por tanto, no se limita al salario. La cuestión fundamental es si el sistema puede garantizar estabilidad, especialización y continuidad asistencial cuando los centros y los servicios están sometidos a procesos periódicos de adjudicación.
La atención temprana incorpora nuevos mecanismos de participación
En paralelo a la polémica, Andalucía ha aprobado durante 2026 nuevas normas destinadas a reforzar la coordinación y participación en este ámbito.
El Decreto 102/2026, de 17 de junio, regula el Consejo de Atención Temprana y la Comisión Técnica de Atención Temprana. La norma pretende garantizar la participación de familias, profesionales, asociaciones y agentes sociales y económicos en la gobernanza del sistema. La creación de estos órganos se integra además en el I Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2025-2029, que establece un marco para el seguimiento y evaluación de las políticas desarrolladas en esta materia.
Se trata de una herramienta que puede resultar especialmente relevante para incorporar al debate institucional las dificultades que están señalando las familias y los profesionales.
La calidad también requiere continuidad
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía actualizó en abril de 2026 el modelo de certificación de los Centros de Atención e Intervención Temprana. El nuevo manual reduce de 105 a 73 los estándares, manteniendo el objetivo de evaluar y mejorar sistemáticamente la calidad de los servicios prestados.
La existencia de estándares de calidad constituye un elemento positivo, pero la atención temprana no depende exclusivamente de protocolos o indicadores. La continuidad de los profesionales, la proximidad de los centros, la ausencia de listas de espera y la coordinación con las familias son igualmente determinantes.
El contraste entre las cifras oficiales de incremento de financiación y capacidad asistencial y las denuncias de familias y profesionales sobre listas de espera refleja la complejidad del problema.
La Junta sostiene que el sistema cuenta con más recursos, más centros, más sesiones y un precio por sesión superior. Las familias y profesionales, por su parte, reclaman que esos incrementos se traduzcan en una atención efectiva y puntual para todos los menores que la necesitan. En el caso de Almería, los más de 700 menores que, según las organizaciones del sector citadas en las informaciones publicadas, permanecen a la espera constituyen un dato especialmente significativo.
Porque en atención temprana el tiempo no es un elemento secundario. La finalidad de este servicio es intervenir durante una etapa decisiva del desarrollo infantil. Garantizar el derecho reconocido por la legislación andaluza exige no solo financiar el sistema, sino conseguir que cada niño que necesita atención pueda recibirla en el momento adecuado, con profesionales suficientes, continuidad asistencial y sin que las familias tengan que asumir por su cuenta aquello que la Administración se ha comprometido legalmente a garantizar.
