La creciente violencia del narcotráfico en el Mediterráneo ha llevado a un grupo de generales de la Guardia Civil a solicitar al Ministerio del Interior la autorización para emplear lanzagranadas de 40 milímetros de carácter «menos letal» como herramienta para detener las embarcaciones de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Según la información difundida por distintos medios, los mandos consideran que los recursos actuales resultan insuficientes para hacer frente a unas narcolanchas cada vez más potentes y rápidas. En los escritos remitidos a la Dirección General de la Guardia Civil sostienen que los lanzagranadas permitirían inutilizar los motores de estas embarcaciones desde una distancia aproximada de cien metros, reduciendo el riesgo para los agentes durante las persecuciones marítimas.
La iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación por la evolución del narcotráfico en el sur de España. Los mandos de la Guardia Civil justifican la medida por el incremento de la agresividad de las organizaciones criminales, que en los últimos años han protagonizado numerosos incidentes violentos contra las fuerzas de seguridad y utilizan embarcaciones cada vez más rápidas y con mayor capacidad de maniobra.
El debate también se produce apenas unos meses después del fallecimiento de dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha frente a las costas de Huelva, un suceso que volvió a situar en el centro de la discusión la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales destinados a la lucha contra el narcotráfico.
La preocupación por la expansión de estas organizaciones también aparece reflejada en el último Informe Anual de Seguridad Nacional, que identifica al crimen organizado vinculado al narcotráfico como una de las principales amenazas para la seguridad en España.
El documento señala que se han identificado más de 600 narcolanchas operando principalmente en el Estrecho de Gibraltar y advierte de un aumento de la capacidad ofensiva de estos grupos, que no dudan en embestir embarcaciones policiales y recurrir, en algunos casos, al uso de armamento de guerra. Asimismo, destaca que la presión policial ejercida en el Campo de Gibraltar ha provocado el desplazamiento de parte de estas organizaciones hacia otras zonas del litoral andaluz y del Algarve portugués.
Este fenómeno también preocupa en la fachada mediterránea andaluza. En los últimos años, las costas de Almería han registrado un incremento de las intervenciones contra embarcaciones dedicadas al transporte de combustible para las narcolanchas —el denominado petaqueo—, así como operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, lo que evidencia la expansión de estas redes criminales más allá del Estrecho.
Sin respuesta oficial por el momento
Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha anunciado cambios en los protocolos de actuación ni se ha pronunciado públicamente sobre la petición formulada por los generales de la Guardia Civil.
La propuesta plantea la utilización de lanzagranadas considerados menos letales, concebidos para inutilizar los motores de las embarcaciones sin dirigirse contra sus ocupantes, aunque su eventual incorporación requeriría una autorización expresa y la adaptación de los procedimientos operativos del Servicio Marítimo.
El debate continúa abierto entre quienes consideran necesario dotar a los agentes de herramientas más eficaces para afrontar la creciente sofisticación de las redes de narcotráfico y quienes defienden que cualquier modificación en el empleo de este tipo de medios debe analizarse desde la perspectiva de la proporcionalidad, la seguridad jurídica y el respeto a los principios que rigen el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
