Andalucía afronta una nueva temporada turística marcada por cifras récord de visitantes, pero también por un creciente debate sobre los efectos que la presión turística está teniendo sobre la vivienda, el territorio, los servicios públicos y la vida cotidiana de la población residente. Los datos oficiales muestran que el turismo continúa creciendo, mientras diferentes movimientos sociales advierten de que los beneficios económicos no siempre se traducen en una mejora equivalente de las condiciones de vida.
Andalucía cerró 2025 con el mejor registro turístico de su serie histórica. Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la comunidad recibió 37,9 millones de turistas, un 5,2% más que en 2024. El gasto medio diario alcanzó los 87,05 euros y las pernoctaciones hoteleras llegaron a 57,1 millones.
El crecimiento, además, continúa durante 2026. Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a los seis primeros meses del año, contabilizan 7,33 millones de turistas internacionales con Andalucía como destino principal, un 7,9% más que en el mismo periodo de 2025. Solo en junio llegaron 1,53 millones de turistas internacionales, un 7,4% más interanual.
Estas cifras explican que el turismo siga siendo considerado por la Junta de Andalucía como uno de los principales motores económicos de la comunidad. El Gobierno andaluz cifra en más de 30.000 millones de euros el impacto económico generado por la actividad turística en 2025 y en 482.000 los empleos vinculados al sector. Además, la actividad turística ya no se concentra exclusivamente en los destinos tradicionales: durante 2025 llegaron turistas a 775 municipios andaluces.
Pero detrás de los récords aparece una segunda realidad que está adquiriendo cada vez mayor protagonismo: el malestar de una parte de la población cada vez mayor ante los efectos de la creciente presión turística.
Cuando el éxito turístico empieza a generar tensiones
El debate ya no se limita a la cantidad de visitantes. La discusión se centra cada vez más en la capacidad de los territorios para absorber ese crecimiento sin deteriorar las condiciones de vida de quienes residen permanentemente en ellos.
La proliferación de viviendas destinadas al alquiler turístico constituye uno de los principales focos de controversia. La propia Junta reconoce la necesidad de controlar y ordenar este fenómeno y ha desarrollado junto a los ayuntamientos distintas actuaciones para detectar incumplimientos urbanísticos y turísticos.
Los resultados oficiales muestran la magnitud del problema: entre 2024 y agosto de 2025 fueron canceladas casi 10.300 viviendas de uso turístico en Andalucía. La Administración autonómica atribuyó estas bajas a actuaciones de control y regulación desarrolladas conjuntamente con los municipios. En 2025, además, el crecimiento de las viviendas de uso turístico se ralentizó hasta el 3,12%, frente al 16,89% registrado en el periodo anterior, según la Junta. El Gobierno autonómico considera que las medidas de regulación y colaboración municipal han contribuido a esta desaceleración.
El dato es relevante porque evidencia que el debate sobre el turismo no es únicamente una cuestión de percepción social. La expansión de los alojamientos turísticos ha obligado a las administraciones a reforzar los mecanismos de control y a introducir limitaciones allí donde la planificación urbanística municipal determina que no puede seguir aumentando este tipo de oferta.
La vivienda, en el centro de la discusión
Uno de los principales puntos de fricción se encuentra en el acceso a la vivienda. En numerosas zonas turísticas, el incremento de la demanda de alojamiento temporal coincide con una fuerte presión sobre el mercado residencial.
La cuestión que plantean los movimientos sociales es hasta qué punto una vivienda que deja de estar destinada al mercado residencial para convertirse en alojamiento turístico contribuye a reducir la oferta disponible para quienes viven y trabajan en el territorio.
El problema adquiere una dimensión especialmente importante en los municipios costeros y en las grandes ciudades, donde la presión turística se suma a otros factores que dificultan el acceso a la vivienda.
La propia normativa andaluza ha ido incorporando mecanismos para impedir que puedan registrarse determinadas viviendas de uso turístico cuando existen limitaciones urbanísticas. La Junta puso en marcha en 2025 un sistema destinado a impedir nuevas inscripciones en municipios o zonas sometidos a restricciones urbanísticas.
Más turistas no significa necesariamente más bienestar
El debate no consiste en negar la importancia económica del turismo. Los propios datos oficiales muestran que genera actividad, empleo, consumo e ingresos para Andalucía.
La cuestión es otra: cómo repartir los beneficios y cómo evitar que los costes de la actividad recaigan fundamentalmente sobre la población residente.
El crecimiento turístico puede generar empleo, pero también puede incrementar la demanda de vivienda, presionar los precios, saturar determinados servicios públicos, aumentar la movilidad y el tráfico, elevar el consumo de agua y energía y provocar una mayor presión sobre espacios naturales especialmente sensibles.
En este sentido, el propio hecho de que el turismo se esté extendiendo hacia nuevos municipios obliga a plantear una planificación territorial más rigurosa. La Junta destaca que 775 municipios recibieron turistas en 2025, lo que confirma la expansión del fenómeno hacia zonas interiores y destinos que tradicionalmente soportaban una menor presión turística.
La presión turística no se limita a las ciudades y los municipios costeros. Algunos espacios naturales andaluces están experimentando igualmente una afluencia que obliga a establecer restricciones.
El caso del río Chíllar, en Nerja, es ilustrativo: llegó a registrar hasta 3.000 visitantes diarios y fue cerrado en 2023 por motivos ambientales y de seguridad. La discusión sobre su reapertura bajo condiciones de acceso limitado refleja un problema que se repite en otros enclaves naturales andaluces.
La cuestión adquiere especial relevancia en territorios como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde la conservación de ecosistemas frágiles debe compatibilizarse con una actividad turística que constituye una fuente importante de ingresos para la economía local.
Hacia otro modelo turístico
El debate que se está produciendo en Andalucía no plantea necesariamente turismo sí o turismo no. Plantea qué tipo de turismo quiere la comunidad y, sobre todo, qué capacidad tienen sus territorios para soportarlo.
Los datos oficiales permiten constatar dos hechos simultáneos. El primero es que Andalucía vive un momento extraordinariamente positivo desde el punto de vista de la actividad turística. El segundo es que ese crecimiento está generando tensiones que las administraciones ya están teniendo que abordar, especialmente en materia de vivienda y regulación de los alojamientos turísticos.
El reto pasa, por tanto, por conseguir que el éxito turístico no termine convirtiéndose en un problema para quienes viven en los destinos. La cuestión fundamental ya no debería ser únicamente cuántos turistas puede atraer Andalucía cada año, sino cuántos puede recibir cada territorio sin comprometer el acceso a la vivienda, los servicios públicos, los recursos naturales y la calidad de vida de sus habitantes.
Porque un destino turístico sostenible no puede medirse exclusivamente por el número de visitantes que recibe. También debe medirse por la capacidad de sus vecinos para seguir viviendo en él.
