La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha lanzado un nuevo aviso sobre el crecimiento del sinhogarismo en la comunidad, reclamando una mayor implicación de las administraciones públicas y denunciando la opacidad institucional en la gestión de este problema social. Según las estimaciones de la entidad, unas 8.000 personas podrían estar viviendo en la calle en Andalucía, una cifra que supera ampliamente los datos oficiales del INE, que sitúan en 5.500 las personas atendidas en centros entre 2022 y 2024.
La organización presentó estas conclusiones durante la exposición del informe Pobreza Sur 2025, en el marco del Día de los Derechos Humanos. Su coordinador general, Diego Boza, subrayó que las cifras conocidas representan únicamente “la punta del iceberg de un problema mucho más profundo”, marcado por la precariedad, la pobreza y la creciente cronificación de las situaciones de exclusión.
Un fenómeno que también se deja sentir en Almería
Aunque APDHA denuncia la falta de datos actualizados en la totalidad de las capitales andaluzas, sí se conocen cifras parciales en algunas de ellas. En el caso de la ciudad de Almería, el Ayuntamiento presupuesta más de 27 millones de euros para el área de Integración Social, pero estos fondos se reparten entre distintos programas —ayuda a domicilio, drogodependencias, convenios sociales— sin disponer de un apartado específico que permita identificar qué recursos se destinan de manera directa a las personas sin hogar.
Las asociaciones que trabajan sobre el terreno apuntan, además, a una mayor presencia de personas sin techo en zonas céntricas y comerciales de la capital, especialmente en épocas de alta estacionalidad laboral. Organizaciones locales estiman que el número real de personas en situación de calle podría superar ampliamente las cifras oficiales, aunque la ausencia de un registro claro impide una valoración precisa. La realidad no es muy distinta en municipios del Poniente o del Levante, donde los servicios sociales municipales reconocen un incremento de intervenciones vinculadas a vivienda y emergencia social.
Perfil y causas de la exclusión residencial
De acuerdo con APDHA, el perfil mayoritario de las personas sin hogar sigue siendo el de hombres adultos, aunque aumenta la presencia de mujeres víctimas de violencia machista, jóvenes extutelados, familias monoparentales y personas migrantes sin red de apoyo. Se detecta también una alta prevalencia de salud mental no tratada, adicciones y discapacidades psíquicas, factores que complican la reinserción.
Las causas señaladas por la organización incluyen el desempleo de larga duración, la precariedad creciente y un mercado de la vivienda prohibitivo. En provincias como Almería, donde el precio del alquiler se ha incrementado notablemente en los últimos años especialmente en municipios costeros, la falta de parque público y las exigencias contractuales suponen una barrera difícil de superar para quienes ya están en situación vulnerable.
Externalización, opacidad y falta de respuesta institucional
Uno de los puntos más críticos del informe es la falta de transparencia. APDHA recuerda que, tras solicitar información a las capitales andaluzas mediante la Ley de Transparencia, solo tres respondieron, mientras que el resto —incluida Almería— no aportó datos concretos sobre número de personas sin hogar, recursos de pernocta, presupuesto o servicios básicos disponibles.
La organización denuncia que muchas administraciones optan por externalizar la atención social, delegando en entidades privadas o del tercer sector una responsabilidad que debería estar plenamente garantizada por los ayuntamientos. Según APDHA, de los 174 centros de atención existentes en Andalucía, solo 25 son públicos, lo que demuestra la fragilidad estructural del sistema. Además, el informe recuerda que el 57% del personal que trabaja con este colectivo es voluntario, lo que evidencia, en palabras de la entidad, que “no falta caridad; falta justicia social”.
La APDHA insiste en que la externalización y la falta de datos contrastan con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030, que obliga a las administraciones locales a garantizar una respuesta integral en materia de vivienda, empleo y derechos básicos.
A modo de ejemplo de la creciente vulnerabilidad, la entidad recordó el reciente ataque sufrido por una persona sin hogar en Benacazón (Sevilla), donde dos menores fueron detenidos tras prenderle fuego al cabello mientras dormía en la calle. La vicecoordinadora de APDHA calificó este episodio como un acto de “deshumanización absoluta” y lo vinculó a un clima creciente de aporofobia.
