Según información publicada por Teleprensa, la Diputación Provincial de Almería y los ayuntamientos de Níjar y Mojácar figuran entre las administraciones públicas que habrían adjudicado contratos menores a EDA TV Consulting SL, empresa vinculada al medio digital en el que colabora el agitador de ultraderecha Vito Quiles. La información surge a raíz de una investigación periodística que analiza la contratación pública realizada por distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular entre los años 2021 y 2025. Según ese trabajo, la empresa habría recibido cientos de contratos menores vinculados principalmente a campañas publicitarias, promoción institucional y difusión turística.
En el caso de Almería, la investigación sitúa a la Diputación Provincial —presidida en ese periodo por Javier Aureliano García— entre las instituciones que habrían formalizado adjudicaciones con la citada empresa, junto a los consistorios de Níjar y Mojácar.
El debate político generado gira en torno al uso reiterado del contrato menor, una fórmula legal prevista para encargos de cuantía reducida que permite procedimientos simplificados de adjudicación. Aunque este mecanismo está contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público, distintos sectores cuestionan si su utilización reiterada puede favorecer una falta de concurrencia y transparencia.
La polémica se ha intensificado por la figura de Vito Quiles, conocido por su actividad en redes y por protagonizar numerosas controversias políticas y mediáticas. Diversas fuerzas políticas y medios de comunicación han cuestionado que administraciones públicas destinen fondos institucionales a medios considerados ideológicamente afines.
La información también señala que otras diputaciones y ayuntamientos de distintos puntos de España habrían realizado contrataciones similares con la misma empresa, especialmente en territorios gobernados por el PP. Entre las administraciones mencionadas aparecen instituciones de Madrid, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía.
En Almería, la cuestión adquiere especial relevancia política debido al contexto de debate sobre la contratación pública y la gestión de fondos institucionales en distintas administraciones provinciales. La controversia abre ahora interrogantes sobre el contenido concreto de los contratos adjudicados, las campañas desarrolladas y los criterios utilizados para seleccionar dichos servicios.
Por el momento, las administraciones señaladas no han informado públicamente sobre el detalle de los expedientes mencionados en la investigación ni sobre el alcance económico exacto de las adjudicaciones realizadas en la provincia.
