El pasado 28 de julio el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley que establece un conjunto de medidas urgentes de protección laboral y social para las personas afectadas por los incendios forestales. La norma será de aplicación en cualquier incendio que obligue a activar medidas de protección civil e incorpora nuevas prestaciones, refuerza los derechos laborales y amplía determinados permisos retribuidos.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que busca garantizar la protección económica y laboral de quienes vean alterada su actividad como consecuencia de los incendios. Las medidas tendrán carácter extraordinario y pretenden dar respuesta a las situaciones de emergencia derivadas de evacuaciones, daños en viviendas o responsabilidades familiares ocasionadas por estos episodios.
Nueva prestación extraordinaria para personas trabajadoras
La principal novedad de la norma es la creación de una prestación extraordinaria, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinada a las personas que deban suspender temporalmente su contrato de trabajo por causas directamente relacionadas con los incendios.
Podrán acceder a esta prestación quienes no puedan desarrollar su actividad laboral porque se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: imposibilidad de acceder a su vivienda debido a evacuaciones o restricciones decretadas por las autoridades; necesidad de realizar tareas imprescindibles de limpieza, traslado, recuperación de enseres o reconstrucción del domicilio; obligación de acudir presencialmente a realizar trámites administrativos derivados de la emergencia; o atención a familiares afectados por los incendios.
El nuevo subsidio tendrá un régimen excepcional. No exigirá un período mínimo de cotización, supondrá el 70 % de la base reguladora, podrá percibirse durante un máximo de cuatro meses y, además, no consumirá las cotizaciones acumuladas para futuras prestaciones por desempleo.
Refuerzo de las garantías laborales
El Real Decreto-ley incorpora también nuevas garantías para proteger los derechos de las personas trabajadoras durante estas situaciones de emergencia. Entre ellas, establece que cualquier represalia empresarial motivada por el ejercicio de los derechos reconocidos en la norma será considerada nula.
Con ello, el Ejecutivo pretende evitar que quienes deban acogerse a estas medidas sufran consecuencias laborales negativas por causas derivadas de una emergencia de protección civil.
Ampliación del permiso por fallecimiento
Otra de las medidas incluidas en la norma afecta al permiso retribuido por fallecimiento. Cuando la muerte esté relacionada con los incendios, dicho permiso se ampliará hasta cinco días hábiles posteriores al sepelio.
La ampliación será aplicable tanto a las personas trabajadoras por cuenta ajena como a los socios y socias de cooperativas.
Aplicación retroactiva desde el 23 de julio
Las medidas tendrán efectos retroactivos desde el 23 de julio de 2026 y permanecerán vigentes mientras continúen las circunstancias que las justifican, aunque los incendios hayan sido ya extinguidos.
El Real Decreto-ley entra en vigor de forma inmediata, si bien deberá ser sometido a la convalidación del Congreso de los Diputados en las próximas semanas.
Según el Gobierno, este paquete de medidas refuerza la capacidad de respuesta del Estado ante las emergencias y garantiza una mayor protección laboral y social para las personas afectadas por los incendios forestales.
