El Gobierno ha dado un nuevo paso en el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la aprobación de un Real Decreto-Ley que incorpora 6.200 millones de euros adicionales a la financiación estatal destinada a este servicio público. La medida supone un récord histórico de inversión y busca consolidar la transformación del sistema para adaptarlo a las necesidades actuales y futuras de la población.
El incremento de la financiación permitirá mejorar de forma significativa las cuantías asociadas a las prestaciones de dependencia. En el caso de las personas con Grado I, la aportación alcanzará los 90 euros mensuales, lo que representa un aumento del 18 %. Para las personas con Grado II, la cuantía ascenderá a 260 euros, duplicando prácticamente la financiación anterior. Por su parte, las personas con Grado III, que presentan mayores necesidades de apoyo, recibirán una financiación de 660 euros, más del doble de la existente hasta ahora.
Esta inversión se suma al esfuerzo realizado por el Ejecutivo desde 2021 para reforzar el sistema de atención a la dependencia. Durante este periodo, se ha logrado reducir en más de un 50 % el número de personas que permanecían a la espera de una prestación o servicio, al tiempo que se han alcanzado cifras históricas de cobertura. Actualmente, cerca de 1,7 millones de personas son usuarias del sistema en toda España.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales se considera que esta financiación estructural debe contribuir a seguir mejorando la gestión del sistema en colaboración con las comunidades autónomas y el resto de administraciones implicadas. Entre los objetivos planteados se encuentran la reducción de las listas de espera, el aumento de la intensidad de las prestaciones y la mejora de las condiciones laborales de las profesionales que trabajan en el sector de los cuidados.
El Gobierno destaca además que esta inversión permite consolidar la recuperación de recursos destinados a la dependencia tras los recortes aplicados durante anteriores etapas y avanzar hacia un nuevo modelo centrado en las personas. La intención es superar una visión basada principalmente en criterios organizativos y económicos para situar el bienestar de las personas dependientes y de quienes las cuidan en el centro de las políticas públicas.
La aprobación de esta financiación formaba parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo de Gobierno y constituye uno de los principales hitos en materia de derechos sociales de la legislatura. El siguiente paso previsto será la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, con el objetivo de adaptar el sistema a los desafíos del siglo XXI y consolidarlo como uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar.
