El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de una nueva ley destinada a reforzar la protección de las personas que denuncien casos de corrupción o irregularidades en empresas y administraciones públicas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo, incorpora nuevas garantías frente a represalias laborales y se acompaña de un paquete de medidas orientadas a fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Uno de los aspectos más relevantes del texto establece que el despido de una persona motivado por haber denunciado un caso de corrupción será considerado nulo. Esto supone que, si se demuestra que el cese responde a una represalia, la empresa estará obligada a readmitir al trabajador en su mismo puesto y con las mismas condiciones laborales, en lugar de limitarse al pago de una indemnización.
La protección también se extenderá a quienes colaboren en las investigaciones, aunque ya no formen parte de la empresa o de la administración afectada, e incluso, en determinados supuestos, alcanzará a familiares que pudieran verse perjudicados por las represalias derivadas de la denuncia.
Nueva Agencia de Integridad Pública
El paquete de medidas contempla igualmente la creación de una Agencia de Integridad Pública con capacidad para investigar posibles casos de corrupción, adoptar medidas correctoras e imponer sanciones. El organismo contará con un régimen sancionador propio y su personal tendrá la consideración de agentes de la autoridad.
Para reforzar su independencia, la persona que dirija la Agencia será propuesta por el Consejo de Ministros, pero deberá comparecer ante el Congreso de los Diputados y obtener el respaldo de una mayoría de tres quintos de la Cámara.
Más transparencia y control
El anteproyecto incorpora además la figura de las auditorías ciudadanas como instrumento para incrementar el control social sobre las instituciones públicas y mejorar la transparencia en la gestión.
Asimismo, prevé un refuerzo de los mecanismos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos y plantea endurecer las limitaciones aplicables a las empresas implicadas en casos de corrupción y a las fundaciones vinculadas a formaciones políticas.
Con este conjunto de iniciativas, el Ejecutivo pretende fortalecer la prevención de la corrupción, facilitar la denuncia de irregularidades y dotar a las instituciones de nuevas herramientas para investigar, corregir y sancionar estas conductas.
