El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente del Real Decreto que permitirá actualizar las pensiones a partir del próximo 1 de enero. La subida estará vinculada a la evolución del IPC y beneficiará a millones de pensionistas. El Gobierno estima que el incremento podría situarse en torno al 3,6%, aunque la cifra definitiva no se conocerá hasta finales de noviembre.
El Gobierno ha iniciado oficialmente el procedimiento para actualizar las pensiones públicas en 2027. El Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria el pasado viernes 13 de noviembre, aprobó la tramitación urgente del Real Decreto de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el primer paso administrativo para garantizar que las prestaciones evolucionen de acuerdo con el coste de la vida.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunció la decisión y aseguró que el Ejecutivo considera prioritario proteger el poder adquisitivo de los pensionistas. Según adelantó, el incremento podría situarse en una horquilla de entre el 3% y el 4%, aunque será necesario esperar a los últimos datos de inflación para conocer el porcentaje definitivo.
La medida se fundamenta en la Ley 21/2021, que recuperó la vinculación de las pensiones contributivas al IPC y estableció un mecanismo de revalorización destinado a evitar que los pensionistas pierdan capacidad económica como consecuencia de la inflación.
¿Cuánto subirán las pensiones en 2027?
La cuantía definitiva dependerá de la inflación media registrada entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. El Instituto Nacional de Estadística publicará el dato adelantado del IPC de noviembre el próximo 27 de noviembre, mientras que la cifra definitiva está prevista para el 15 de diciembre.
Las estimaciones disponibles apuntan a una revalorización aproximada del 3,6%, aunque todavía no constituye un porcentaje oficial.
Si finalmente se confirmase ese incremento, estas serían algunas de las cantidades orientativas:
- Una pensión de 800 euros pasaría a 828,80 euros mensuales.
- Una pensión de 1.000 euros alcanzaría los 1.036 euros.
- Una pensión de 1.200 euros subiría hasta los 1.243,20 euros.
- Una pensión de 1.500 euros se situaría en 1.554 euros.
- Una pensión de 2.000 euros alcanzaría los 2.072 euros.
Las cantidades representan una estimación con una subida del 3,6%, no una decisión definitiva del Gobierno.
Las pensiones mínimas y no contributivas tendrán un incremento mayor
La actualización no afectará por igual a todas las prestaciones. Las pensiones mínimas y las no contributivas volverán a beneficiarse de incrementos superiores a la revalorización general, de acuerdo con los compromisos legales destinados a mejorar la suficiencia económica de quienes perciben las prestaciones más bajas.
Esta diferenciación responde a la necesidad de reducir la vulnerabilidad económica de determinados colectivos, especialmente personas mayores con escasos recursos, hogares con dificultades económicas y personas que no han podido completar los periodos de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva.
La disposición transitoria 53 de la Ley General de la Seguridad Social establece este proceso de mejora progresiva de las pensiones mínimas y no contributivas.
El Gobierno reivindica la evolución de las pensiones desde 2018
Durante la presentación de la medida, el Ministerio de Seguridad Social también dio a conocer un informe sobre la evolución y las perspectivas del sistema público de pensiones, en el que hace balance de las reformas desarrolladas desde 2018.
Según los datos facilitados por el Ejecutivo, una pensión media de jubilación que en 2018 ascendía a 1.090 euros mensuales habría alcanzado los 1.396,78 euros en 2026 si únicamente se hubiera actualizado conforme al IPC. Esto representa un incremento acumulado del 28,1%.
Sin embargo, la pensión media de jubilación se sitúa actualmente en 1.576 euros mensuales, un 44,5% más que en 2018, como consecuencia de la revalorización y de las mejoras derivadas de la evolución de las bases de cotización.
El informe también destaca el crecimiento de las pensiones mínimas, que han aumentado entre un 43% y un 69% desde 2018, y de las no contributivas, cuyo incremento acumulado alcanza el 65%.
El Ministerio atribuye estos avances a las reformas acordadas en el marco del Pacto de Toledo y al diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales.
La sostenibilidad del sistema, otro de los grandes desafíos
El Ejecutivo también ha puesto el acento en la evolución de los ingresos de la Seguridad Social. Según el informe presentado al Consejo de Ministros, las cotizaciones sociales experimentarán durante 2026 un crecimiento del 7,6% y representarán el 10,7% del PIB.
Asimismo, el Gobierno destaca la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se aproxima a los 20.000 millones de euros, y la reducción progresiva del déficit del sistema.
La sostenibilidad financiera constituye uno de los principales retos del modelo público de pensiones, especialmente ante el progresivo envejecimiento de la población y la incorporación a la jubilación de generaciones numerosas.
Una garantía fundamental para millones de pensionistas
La revalorización de las pensiones conforme al IPC representa uno de los cambios más relevantes introducidos en el sistema durante los últimos años. Su objetivo es evitar que las personas jubiladas tengan que asumir directamente el impacto de la inflación sobre sus ingresos, especialmente cuando sus posibilidades de complementar las prestaciones mediante otras fuentes económicas son limitadas.
El próximo 1 de enero comenzará a aplicarse la nueva actualización, una vez completada la tramitación normativa y determinada la cuantía definitiva.
Hasta entonces, los pensionistas tendrán que esperar al dato de inflación de noviembre para conocer cuánto aumentarán sus prestaciones. Lo que ya está decidido es el inicio del procedimiento para garantizar que las pensiones contributivas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones más bajas continúen avanzando hacia niveles de mayor suficiencia económica.







