La convocatoria de concentraciones ante los ayuntamientos españoles para el 2 de septiembre, promovida por la presidenta de la Federación y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, desata las críticas de PSOE, IU, Junts y otros grupos por haberse adoptado sin consenso.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) debería ser uno de los principales espacios de representación y coordinación del municipalismo español, una institución concebida para defender los intereses de los ayuntamientos con independencia del color político de sus gobiernos. Sin embargo, la actuación de su actual presidenta, la popular María José García-Pelayo, en relación con la crisis de Ceuta ha abierto una grave polémica sobre la utilización partidista de una institución que representa a todos los municipios.
La controversia se centra especialmente en la decisión de convocar concentraciones ante los ayuntamientos de toda España el próximo 2 de septiembre, a las 20:00 horas, coincidiendo con el Día de Ceuta. La propia FEMP anunció la iniciativa el 25 de agosto después de que García-Pelayo visitara la ciudad autónoma y se reuniera con su presidente, Juan Vivas.
La convocatoria se presentó oficialmente como una muestra de solidaridad de los 8.132 ayuntamientos españoles con Ceuta. Pero los grupos de izquierda y Junts presentes en la FEMP han denunciado que la decisión fue adoptada unilateralmente, sin el respaldo de los distintos grupos representados en la Federación.
Y ahí está el núcleo de la polémica: una cosa es que la FEMP defienda institucionalmente a Ceuta y otra muy distinta que su Presidencia utilice la estructura de una organización municipalista para impulsar una movilización política sin haber buscado previamente un acuerdo entre las diferentes sensibilidades que integran la institución.
Una decisión unilateral de la presidenta de la FEMP, que se presenta como la voz de todos los ayuntamientos
García-Pelayo ha defendido públicamente la convocatoria y ha animado a los ayuntamientos españoles a participar. En declaraciones difundidas por la propia FEMP, la presidenta ha insistido en que Ceuta no es únicamente una cuestión de la ciudad autónoma, sino de España, y ha reclamado que se escuche al presidente ceutí, Juan Vivas.
El problema no está en defender a Ceuta. Nadie debería discutir que los ayuntamientos puedan mostrar su solidaridad con una ciudad española que atraviesa una situación extraordinariamente delicada. El problema es otro: ¿quién decidió que esa solidaridad debía materializarse mediante una convocatoria nacional de la FEMP y sin un acuerdo previo de sus órganos representativos?
Los grupos de izquierda y Junts consideran que la respuesta es evidente: la presidenta de la Federación tomó la decisión por su cuenta.
Y la utilización del nombre de la FEMP para presentar la convocatoria como una expresión del conjunto del municipalismo español es precisamente lo que ha provocado el enfrentamiento.
La FEMP no es el PP
La cuestión resulta especialmente delicada porque García-Pelayo ocupa simultáneamente dos responsabilidades perfectamente diferenciadas: es alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la FEMP, ambas vinculadas al Partido Popular. Una institución municipalista de ámbito estatal no puede convertirse en una extensión de la estrategia política de uno de los partidos que gobiernan los ayuntamientos españoles.
La FEMP agrupa a municipios gobernados por PP, PSOE, IU, Sumar, Compromís, ERC, Junts, PNV y otras formaciones, además de numerosas corporaciones donde gobiernan coaliciones de diferente composición. Por eso, cuando su Presidencia utiliza la institución para convocar una movilización nacional, lo razonable sería buscar primero un consenso amplio.
No hacerlo genera una consecuencia evidente: la FEMP deja de aparecer como una institución transversal y comienza a proyectar la imagen de ser utilizada como altavoz institucional del Partido Popular y eso es algo que ocurre por primera vez en su historia.
Las críticas no proceden únicamente de un partido. PSOE, IU, Junts y otros grupos representados en la Federación han cuestionado la forma en que se han adoptado las decisiones relacionadas con Ceuta. En particular, denuncian que la convocatoria de las concentraciones, la celebración de la Junta de Gobierno de la FEMP en Ceuta y la cesión a Juan Vivas del puesto de representación de García-Pelayo en el Comité Europeo de las Regiones se habrían decidido sin el consenso de los órganos de gobierno de la institución.
El episodio ha llegado incluso al ámbito municipal. En Xàtiva, el Ayuntamiento ha decidido desmarcarse de la convocatoria y respaldar las críticas de los grupos que consideran que la Presidencia de la FEMP ha actuado de forma unilateral. Y en Andalucía, los partidos de la coalición Por Andalucía han denunciado igualmente el uso partidista que, a su juicio, están haciendo el PP y sus ayuntamientos de las movilizaciones previstas para el 2 de septiembre.
El momento elegido tampoco es casual
La polémica adquiere una dimensión política todavía mayor por el momento en el que se ha programado la concentración. La movilización de la FEMP está prevista para el 2 de septiembre a las 20:00 horas. Al día siguiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene prevista una comparecencia extraordinaria en el Congreso para abordar la crisis de Ceuta.
Y el Partido Popular ha anunciado que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, participará personalmente en la concentración de Madrid junto a la dirección nacional del partido. Es difícil ignorar la dimensión política de esa coincidencia.
La FEMP convoca una movilización institucional ante los ayuntamientos. El PP anuncia que acudirá con toda su dirección nacional. Y al día siguiente el presidente del Gobierno comparece en el Congreso. La línea entre la defensa institucional de Ceuta y la utilización partidista de la crisis se vuelve, como mínimo, extraordinariamente fina.
La crisis de Ceuta merece una respuesta política seria. También requiere coordinación entre administraciones, protección de la población, defensa de la convivencia y atención a las personas migrantes. Precisamente por ello resulta preocupante que una institución como la FEMP termine atrapada en una batalla partidista.
La solidaridad con Ceuta debería poder ser un punto de encuentro, no un mecanismo para enfrentar a unos ayuntamientos contra otros ni para construir un relato político contra el Gobierno de España. El propio contexto de la crisis debería aconsejar precisamente lo contrario: más cooperación institucional y menos confrontación partidista.
Sin embargo, la utilización de la FEMP como escenario de movilización política corre el riesgo de convertir una institución transversal en un actor más de la batalla entre PP y PSOE.
El Partido Popular tiene todo el derecho del mundo a convocar manifestaciones, concentraciones y actos políticos. Puede hacerlo en Madrid, en Ceuta, en Andalucía o en cualquier municipio. Lo que resulta cuestionable es que la estructura institucional que representa al conjunto del municipalismo español sea utilizada para impulsar una convocatoria que no cuenta con el consenso de todos sus representantes.
Si el PP quiere movilizar a sus militantes y cargos públicos en defensa de Ceuta, tiene a su disposición toda su organización política. Lo que no debería hacer es confundir las siglas del Partido Popular con las de la Federación Española de Municipios y Provincias. Porque la FEMP no pertenece al PP, sino a todos los municipios españoles.
La cuestión trasciende incluso la actual crisis de Ceuta. Si una presidenta de la FEMP puede decidir unilateralmente una movilización política de ámbito nacional sin acuerdo previo de los diferentes grupos representados, ¿qué impedirá que futuras presidencias hagan lo mismo para defender posiciones partidistas sobre inmigración, financiación autonómica, vivienda, fiscalidad, sanidad o cualquier otra cuestión política?
La respuesta debería ser clara: el consenso institucional. La FEMP puede y debe pronunciarse sobre los grandes problemas que afectan a los municipios. Pero debe hacerlo desde su condición de organización plural y representativa. Pero convertirla en un instrumento de confrontación política supone deteriorar precisamente aquello que debería proteger: la autonomía y la representación plural del municipalismo español.
La solidaridad con Ceuta no necesita siglas partidistas. Ceuta necesita apoyo institucional, recursos, coordinación y soluciones. Lo que no necesita es que la institución que representa a todos los ayuntamientos españoles sea utilizada como plataforma de campaña del Partido Popular.
Y si el PP quiere convertir la crisis de Ceuta en una batalla electoral contra el Gobierno de España, que lo haga con sus propias siglas. La FEMP debería quedar fuera de esa pelea.
