El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación a la presunta filtración de un correo relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El Gobierno respeta pero no comparte la condena al fiscal y pondrá en marcha su relevo.
Justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados. Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo disienten de la decisión de sus compañeros, lo que ha hecho que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.
Una resolución que, según ha adelantado el Supremo, impone también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las cosas procesales del juicio.
El fiscal general del Estado podrá combatir la condena mediante un incidente de nulidad, una vía que no suele prosperar pero que es indispensable para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC). De recorrer esa vía, el jefe del Ministerio Público podría solicitar a la corte de garantías que, de forma cautelar, suspendiera la ejecución de la condena hasta que resolviera sobre el recurso contra este fallo.
En una comunicado, el Tribunal Supremo adelanta el sentido de la sentencia, que aún no ha suido publicada. «Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales», explica al alto tribunal. «Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación», indican los jueces, que añaden que «los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán». La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma.
Anuncian además que la resolución «incorporará dos votos particulares emitidos por las Magistradas de la Sala II D.ª Ana María Ferrer García y D. ª Susana Polo García que disienten de la misma», lo que determina un cambio en la Ponencia que la asume el Presidente de la Sala D. Andrés Martínez Arrieta. El fallo ha sido comunicado a las partes.
