FACUA Andalucía ha manifestado su preocupación ante la nueva ley de vivienda que se encuentra en trámite en la comunidad autónoma, señalando que sigue sin reconocer la «función social» de la vivienda. Según la organización, el texto mantiene una perspectiva mercantilista y favorece la especulación inmobiliaria, en lugar de abordar la vivienda como un derecho fundamental, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución Española.
En la comparecencia celebrada el 29 de octubre, Isabel Moya y Jordi Castilla, representantes de FACUA Andalucía, presentaron las alegaciones de la federación ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía. Durante su intervención, Moya denunció que la normativa no otorga a la vivienda el carácter de bien fundamental para la ciudadanía, sino que la trata como un producto de mercado. Apenas se recoge en el articulado la función social de la vivienda, elemento clave para garantizar el acceso digno a un hogar.
Flexibilización de la protección de la vivienda protegida
Entre los puntos que más inquietan a la organización se encuentra la flexibilización del régimen de protección de las viviendas protegidas. Esta medida, advierte FACUA Andalucía, podría facilitar la especulación y la privatización indirecta de recursos públicos. La nueva ley deja en manos de los planes de vivienda aspectos fundamentales como la duración del régimen de protección y el proceso de descalificación, sin establecer límites claros que aseguren la función social de estas viviendas.
En este sentido, FACUA Andalucía propone que la ley establezca un régimen mínimo de protección, que sea indefinido y permanente, especialmente para viviendas financiadas con fondos públicos o construidas sobre suelo cedido por la administración. Además, la federación reclama la prohibición de la descalificación de estas viviendas, para evitar que pierdan su carácter social y pasen a ser objeto de especulación.
Necesidad de un parque público y social de vivienda
La organización destaca la urgente necesidad de promover un parque público y social de vivienda estable. Este instrumento no solo debería garantizar una oferta suficiente, adecuada y asequible, sino también actuar como mecanismo de corrección de los precios en el mercado privado, contribuyendo así a la accesibilidad y estabilidad del acceso a la vivienda.
Críticas a la equiparación de sanciones administrativas y penales
FACUA Andalucía rechaza la equiparación de sanciones administrativas con condenas penales a la hora de excluir a determinadas personas del acceso a vivienda pública. Esta medida, ya criticada anteriormente ante el Consejo Económico y Social, ignora las causas sociales que pueden llevar a la ocupación, pudiendo suponer la expulsión injusta de personas en situación de vulnerabilidad. Muchas de estas personas han recurrido a la ocupación como única alternativa ante la falta de soluciones habitacionales ofrecidas por la administración, siendo quienes más protección social requieren.
La federación aboga por una revisión del marco normativo que permita ponderar adecuadamente los distintos factores y circunstancias asociados a la ocupación, considerando que la iniciativa responde más a la preocupación social que a un análisis fundamentado en datos y hechos objetivos. FACUA Andalucía considera necesario que se aborden las diferentes casuísticas y se profundice en las causas que originan el fenómeno.
Por último, la organización advierte que el proyecto de ley ignora retos fundamentales como el envejecimiento de la población y el riesgo de despoblación rural. No se incluyen medidas específicas para fomentar la construcción de viviendas en municipios con declive demográfico, ni incentivos suficientes para la rehabilitación en zonas rurales o para adaptar la oferta residencial a las necesidades de una población envejecida.
