La tragedia provocada por el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha dejado 13 fallecidos y más de 7.000 hectáreas calcinadas, ha reabierto el debate político sobre la prevención y gestión de las grandes emergencias naturales. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a defender este lunes la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una propuesta que ya había presentado en 2025. Horas después, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteó una iniciativa de características muy similares.
Durante una visita a la localidad almeriense de Turre, Feijóo aseguró que, si llega al Gobierno tras las próximas elecciones generales, impulsará un gran acuerdo nacional para afrontar incendios forestales y otros riesgos naturales. Su planteamiento pasa por definir con claridad las competencias de cada administración, coordinar los recursos disponibles en todo el país y establecer una financiación plurianual que permita reforzar la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.
El presidente del PP defendió que este pacto debe abordarse sin demora y subrayó que el Estado debe asumir un papel de liderazgo en su elaboración. También apostó por implicar a comunidades autónomas, ayuntamientos, especialistas y científicos con el objetivo de mejorar tanto la prevención como la gestión de los incendios y otras catástrofes derivadas de fenómenos naturales.
Asimismo, Feijóo expresó su preocupación por la campaña de verano, al considerar que las abundantes lluvias registradas durante la primavera incrementan el riesgo de incendios de gran intensidad. En este sentido, pidió a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.
Sánchez insiste en el pacto anunciado el pasado año
La propuesta del líder popular coincide en buena medida con la estrategia que el Ejecutivo viene defendiendo desde hace meses. Sánchez reiteró este lunes, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, la conveniencia de alcanzar un gran acuerdo institucional para hacer frente a una amenaza cada vez más frecuente como consecuencia del cambio climático.
El jefe del Ejecutivo recordó que España concentró el pasado año aproximadamente un tercio de la superficie quemada en Europa, una situación que atribuyó al impacto creciente de la emergencia climática. También evocó algunos de los incendios más relevantes registrados en 2025, entre ellos los de Las Médulas (León), la provincia de Ourense y las localidades gaditanas de Tarifa y Grazalema.
Según explicó, el pacto planteado por el Gobierno busca reforzar la prevención, además de mejorar la capacidad de respuesta cuando se producen estas emergencias. Entre las medidas ya impulsadas citó actuaciones para proteger el entorno de los municipios y programas de formación dirigidos a la población joven sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones.
Sánchez insistió en que la emergencia climática está teniendo consecuencias mortales en distintos países europeos y defendió una actuación coordinada entre todas las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad para afrontar este desafío.
El presidente recordó además que, antes del inicio del verano, el Gobierno presentó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz el dispositivo estatal contra incendios forestales, destacando el refuerzo de medios y capacidades realizado en los últimos años para garantizar una respuesta más rápida y eficaz.
El precedente de las críticas del PP
La coincidencia entre ambas propuestas contrasta con la posición que mantuvo el Partido Popular cuando Sánchez anunció inicialmente el Pacto de Estado en septiembre de 2025. Entonces, dirigentes de la formación calificaron la iniciativa como una «cortina de humo» y reclamaron actuaciones concretas e inmediatas en materia de prevención y gestión de incendios.
La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, llegó a comparar aquella propuesta con plantear un pacto sobre los océanos en mitad de un tsunami, al considerar que no respondía a la urgencia del momento.
Frente a esas críticas, el Gobierno defendió que el objetivo del acuerdo era diseñar una estrategia de largo recorrido para adaptar los recursos públicos a un escenario marcado por incendios forestales, DANAS y otros fenómenos meteorológicos extremos que, según el Ejecutivo, serán cada vez más habituales.
