La Justicia establece que el inquilino no tiene que pagar la limpieza ordinaria ni el repintado general de una vivienda cuando no se acredita un deterioro extraordinario. Sin embargo, sí puede ser obligado a indemnizar por muebles desaparecidos, elementos dañados o modificaciones no autorizadas. La resolución delimita las responsabilidades de propietarios e inquilinos y aporta criterios importantes para evitar reclamaciones injustificadas sobre la fianza.
La finalización de un contrato de alquiler suele convertirse en motivo de conflicto entre propietarios e inquilinos, especialmente cuando llega el momento de devolver la fianza. Los gastos de limpieza, pintura, reparaciones y reposición de mobiliario figuran entre las principales discrepancias.
Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 26 de mayo de 2026, ha abordado precisamente esta cuestión y ha establecido una distinción importante entre el desgaste derivado del uso normal de una vivienda y los daños que pueden atribuirse a la responsabilidad del arrendatario.
El pronunciamiento judicial corrige parcialmente la decisión adoptada en primera instancia y determina que no todos los trabajos realizados por el propietario después de recuperar la vivienda pueden cargarse automáticamente al antiguo inquilino.
El caso se originó tras un contrato de alquiler de seis meses en Sitges. Al finalizar el arrendamiento, los inquilinos reclamaron la devolución de los 3.200 euros entregados como fianza, además del importe que habían abonado por el repintado y la limpieza integral del inmueble. Por su parte, los propietarios reclamaron más de 8.000 euros por desperfectos y mobiliario que consideraban desaparecido o deteriorado.
La controversia terminó llegando a la Audiencia Provincial, que revisó las pruebas aportadas y delimitó qué conceptos podían reclamarse legítimamente.
La limpieza ordinaria y el desgaste de la pintura corresponden al propietario
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el tratamiento de los gastos de limpieza. La Audiencia considera que la limpieza ordinaria necesaria para volver a poner una vivienda en alquiler corresponde al propietario, salvo que existan circunstancias excepcionales que demuestren un abandono o una suciedad extraordinaria imputable al inquilino.
En el procedimiento analizado, el informe pericial mencionaba la necesidad de limpiar baños, cocina, salón, ventanas, cristales y alicatados, pero no aportaba fotografías que acreditasen un estado de suciedad especialmente grave.
El tribunal concluyó que se trataba de trabajos de limpieza ordinaria y, por tanto, no podían incluirse entre los daños reclamables a los antiguos arrendatarios.
Un criterio similar aplicó al repintado general. La Audiencia entendió que el propietario debe asumir el coste de renovar la pintura cuando responde al mantenimiento habitual del inmueble y no a un deterioro extraordinario causado por quienes lo ocuparon.
Pintar la vivienda de otro color sí puede generar una obligación de pago
La resolución introduce, no obstante, una distinción importante. Los inquilinos habían cambiado el color de tres habitaciones: una de color ocre, otra rosa y otra azul, con dibujos infantiles. El contrato establecía expresamente que la vivienda debía devolverse con los colores originales, mayoritariamente blancos y recién pintados.
En este caso, la Audiencia sí dio la razón a los propietarios y reconoció su derecho a reclamar el coste de recuperar el acabado original de esas habitaciones. Sin embargo, rechazó que los inquilinos tuvieran que financiar el repintado de toda la vivienda, como pretendían los propietarios a través de su informe pericial.
La indemnización correspondiente se calculará en ejecución de sentencia, tomando como referencia 8,48 euros por metro cuadrado más IVA.
Muebles desaparecidos y elementos deteriorados: la importancia de las pruebas
La sentencia también examina detalladamente el inventario de mobiliario y los desperfectos denunciados por los propietarios. La Audiencia reconoció el derecho a recibir indemnizaciones por distintos elementos que no fueron devueltos o que presentaban daños acreditados. Entre ellos figuran un plafón con un vidrio roto, una cama plegable, un escritorio y una lámpara que habían sido desechados, la reparación de una cortina antimosquitos y la desaparición de un sofá chaise longue y dos butacas.
Por el contrario, rechazó otras reclamaciones al considerar que no existían pruebas suficientes o que los elementos habían sido sustituidos por otros de características equivalentes. Es especialmente significativo el caso de dos armarios que los inquilinos sustituyeron por mobiliario nuevo. La Audiencia consideró que no procedía indemnización porque los nuevos armarios tenían dimensiones equivalentes y no eran de peor calidad.
También descartó reclamar el importe de varias sillas que los propietarios aseguraban que faltaban, puesto que aparecían en las fotografías del anuncio con el que se volvió a ofrecer la vivienda en alquiler. El tribunal vuelve así a poner de manifiesto la importancia de disponer de un inventario detallado, fotografías del estado inicial y final del inmueble y documentación que permita acreditar los daños realmente producidos.
Una devolución de fianza de 3.200 euros y una indemnización adicional
La resolución modifica sustancialmente el resultado del procedimiento en primera instancia. La Audiencia Provincial condena a los propietarios a devolver a los inquilinos los 3.200 euros de fianza, con los correspondientes intereses desde la reclamación judicial.
Por otra parte, establece que los arrendatarios deberán abonar 1.612,21 euros por los daños y elementos desaparecidos que sí quedaron acreditados, además del importe correspondiente a recuperar el color original de las tres habitaciones.
La Sala decide mantener separadas ambas cantidades, sin compensarlas directamente con la fianza, puesto que el coste definitivo de pintar las habitaciones todavía debe determinarse. Asimismo, deja sin efecto la condena en costas de primera instancia y establece que ninguna de las partes deberá asumir las costas del recurso de apelación.
Qué establece la legislación sobre las obligaciones del inquilino
La sentencia fundamenta buena parte de su razonamiento en los artículos 1561, 1562 y 1563 del Código Civil. El artículo 1561 establece que el arrendatario debe devolver la finca tal como la recibió, salvo el deterioro ocasionado por el transcurso del tiempo o por causas inevitables.
El artículo 1562 presume que la vivienda se recibió en buen estado, salvo prueba en contrario, mientras que el artículo 1563 establece la responsabilidad del arrendatario por el deterioro o pérdida de la cosa arrendada, a menos que demuestre que no fue culpa suya.
La Audiencia recuerda, sin embargo, que esta responsabilidad no alcanza a los menoscabos derivados del uso normal de la vivienda, del paso del tiempo o de circunstancias inevitables.
Por su parte, el artículo 36.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece la obligación de devolver la fianza al finalizar el contrato, sin perjuicio de las responsabilidades económicas que puedan acreditarse por incumplimientos del arrendatario.
La legislación y la interpretación judicial obligan, por tanto, a distinguir entre el mantenimiento ordinario de una vivienda y los daños que realmente puedan atribuirse a sus ocupantes.
Una sentencia de interés para propietarios e inquilinos
El pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Barcelona aporta criterios relevantes para resolver uno de los conflictos más habituales en el mercado del alquiler: las reclamaciones económicas al finalizar un contrato.
La resolución no exime a los inquilinos de sus obligaciones de conservación ni impide que los propietarios reclamen los daños que puedan acreditar. Lo que rechaza es que cualquier gasto realizado para acondicionar una vivienda antes de volver a alquilarla pueda trasladarse automáticamente al anterior arrendatario.
La diferencia entre desgaste ordinario, mantenimiento y daños imputables al inquilino resulta determinante.
Para quienes alquilan una vivienda, la sentencia recuerda la conveniencia de documentar mediante fotografías el estado del inmueble al entrar y al salir, conservar el inventario y dejar constancia escrita de las modificaciones o incidencias.
Para los propietarios, establece igualmente la necesidad de justificar las reclamaciones con pruebas concretas y no confundir los gastos habituales de mantenimiento con los daños indemnizables.
En definitiva, la justicia vuelve a delimitar las responsabilidades de ambas partes: el propietario debe asumir el mantenimiento ordinario de su inmueble, mientras que el inquilino responde de los daños que le sean imputables y de los incumplimientos contractuales que puedan demostrarse.







