Más de una treintena de colectivos preparan una huelga general educativa para el 11 de noviembre y reclaman menos ratios, más recursos y una mayor apuesta por la red pública. El comienzo del curso escolar 2026/2027 llega a Andalucía acompañado de un nuevo escenario de movilización en defensa de la educación pública. Más de una treintena de organizaciones y colectivos de la comunidad educativa han acordado impulsar una huelga general educativa el próximo 11 de noviembre, precedida de concentraciones, manifestaciones, asambleas y otras acciones durante las primeras semanas del curso.
La convocatoria pretende reunir en una misma plataforma a profesorado, estudiantes, familias y personal de los centros para plantear reivindicaciones que afectan al conjunto del sistema educativo, desde la etapa de Infantil hasta la universidad.
La iniciativa parte de un encuentro celebrado en Antequera el pasado mes de julio, en el que participaron más de un centenar de personas en representación de organizaciones de diferentes ámbitos y territorios de Andalucía.
El objetivo de los colectivos es mantener durante los próximos meses un proceso de movilización que permita concretar una tabla reivindicativa común y aumentar la participación de la comunidad educativa.
Menos alumnos por aula y más recursos
La reducción de las ratios constituye una de las principales reivindicaciones. Los colectivos consideran que la disminución de la natalidad debe aprovecharse para reducir el número de alumnos por aula y mejorar las condiciones de enseñanza, en lugar de traducirse únicamente en la supresión de unidades educativas.
La cuestión de las ratios se encuentra también entre las medidas que la Junta de Andalucía asegura estar abordando. Para este curso está prevista la creación de nuevas aulas de Infantil vinculada a la reducción progresiva del número máximo de alumnos, especialmente en las aulas de tres años.
Sin embargo, las organizaciones convocantes consideran que las medidas adoptadas son insuficientes y reclaman una reducción más generalizada que permita una atención educativa más individualizada.
El debate afecta especialmente a aquellos centros en los que la caída de la matrícula está provocando el cierre o reorganización de unidades mientras se mantienen grupos con un número elevado de alumnos.
La atención a la diversidad, otro de los grandes frentes
La situación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo constituye otro de los ejes de las movilizaciones. Los colectivos reclaman un incremento de los profesionales destinados a atender la diversidad de las aulas y denuncian que los recursos disponibles no siempre permiten responder adecuadamente a las necesidades del alumnado.
Orientadores, especialistas y personal de apoyo forman parte de las reivindicaciones, junto con una mayor dotación para garantizar una educación inclusiva. La demanda se produce en un contexto en el que los centros educativos afrontan una creciente diversidad de perfiles y necesidades, lo que incrementa la carga de trabajo del profesorado y de los servicios de orientación.
Para las organizaciones movilizadas, la inclusión educativa requiere recursos humanos suficientes y estables y no únicamente programas específicos.
Climatización de los centros
Las condiciones de los edificios escolares también estarán presentes en las protestas. La climatización y adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas se han convertido en una reivindicación especialmente relevante en Andalucía, donde las temperaturas elevadas pueden afectar al desarrollo normal de las clases durante buena parte del curso.
Los colectivos reclaman inversiones que permitan disponer de espacios educativos adecuados y preparados para afrontar tanto los episodios de calor como las nuevas condiciones derivadas del cambio climático.
La reivindicación no se limita a la instalación de sistemas de refrigeración. También plantea la necesidad de mejorar el aislamiento de los edificios, aplicar soluciones de eficiencia energética y adaptar los centros a las condiciones climáticas de cada territorio.
Críticas al avance de la educación concertada
Otro de los puntos de conflicto es el peso de la enseñanza concertada dentro del sistema educativo. Las organizaciones defensoras de la escuela pública cuestionan que se mantengan o amplíen determinadas unidades concertadas mientras desaparecen grupos en centros públicos por falta de alumnado.
Su planteamiento es que, cuando exista capacidad suficiente en la red pública, esta debe constituir la primera opción para garantizar el derecho a la educación financiada con fondos públicos. La Junta, por su parte, defiende un sistema integrado por centros públicos y concertados y sostiene que la planificación de la escolarización debe responder a la demanda existente en cada zona.
La discusión sobre la distribución de las unidades educativas se ha convertido así en uno de los principales elementos de confrontación entre la Administración y las organizaciones que participarán en las movilizaciones.
Mejores condiciones laborales para el profesorado
La situación laboral de los docentes también estará en el centro de las protestas. Las organizaciones convocantes reclaman más estabilidad, mejores condiciones profesionales, reducción de la carga burocrática y refuerzo de las plantillas.
La sobrecarga administrativa es una de las quejas recurrentes del profesorado. Los sindicatos sostienen que una parte creciente de la jornada se dedica a tareas burocráticas que restan tiempo a la preparación de las clases, la coordinación entre profesionales y la atención individualizada al alumnado. También se reclama una mejora de las condiciones retributivas y una reducción de determinadas cargas de trabajo. El planteamiento de los colectivos es que la mejora de las condiciones laborales forma parte inseparable de la calidad del sistema educativo.
Becas y acceso a la educación
Las reivindicaciones se extienden igualmente al acceso a los estudios. Los colectivos reclaman un incremento de las becas y ayudas al estudio para evitar que las circunstancias económicas de las familias condicionen las oportunidades educativas.
La defensa de la educación pública se plantea así desde una perspectiva que abarca tanto las condiciones de los centros como la capacidad de las familias para afrontar los costes asociados a la educación.
En las etapas posteriores a la enseñanza obligatoria, las organizaciones incorporan además reclamaciones relacionadas con la oferta pública de Formación Profesional y con la financiación de las universidades públicas.
Una movilización que pretende implicar a toda la comunidad educativa
Una de las características de esta nueva convocatoria es su intención de superar una movilización exclusivamente sindical. Los promotores quieren que profesorado, familias, estudiantes y trabajadores de los centros participen directamente en la definición de las reivindicaciones y en la organización de las protestas. Para ello se plantea la creación de asambleas en centros educativos, localidades, comarcas y provincias, coordinadas posteriormente a nivel autonómico.
El calendario pretende comenzar desde el inicio del curso y culminar con la huelga general educativa del 11 de noviembre. Antes de esa fecha está prevista una nueva asamblea el 26 de septiembre, que servirá para analizar el comienzo del curso y avanzar en la preparación de las movilizaciones.
Una protesta que abarca desde Infantil hasta la universidad
La plataforma pretende que las reivindicaciones tengan una dimensión transversal y afecten a todas las etapas educativas. Entre las cuestiones planteadas aparecen la educación infantil de 0 a 3 años, la enseñanza obligatoria, la Formación Profesional y la universidad.
La defensa de una mayor financiación pública constituye uno de los elementos comunes. Los colectivos consideran que el incremento de los recursos debe traducirse en más profesionales, mejores infraestructuras, reducción de ratios y ampliación de la oferta pública. También se reclama una mayor participación de la comunidad educativa en las decisiones que afectan al funcionamiento de los centros.
El 11 de noviembre, primera gran cita
La huelga convocada para el 11 de noviembre será el principal punto de referencia de este otoño reivindicativo. Los colectivos promotores advierten de que la movilización no se limitará a esa jornada y que durante septiembre y octubre se desarrollará un calendario de acciones destinado a ampliar la participación y concretar las demandas.
El resultado dependerá en buena medida de la capacidad de las distintas organizaciones para mantener la unidad alcanzada en el encuentro de Antequera y trasladarla a los centros educativos.
Mientras la Administración defiende las medidas adoptadas para mejorar ratios, escolarización y servicios, las organizaciones movilizadas consideran que persisten problemas estructurales relacionados con la financiación, las plantillas, las infraestructuras, la atención a la diversidad y el peso de la enseñanza concertada.
De este modo, el curso 2026/2027 comienza en Andalucía con las aulas todavía por abrir y con un otoño que ya tiene fecha de movilización. El 11 de noviembre será el momento en el que las reivindicaciones de los distintos colectivos se medirán en una huelga que aspira a convertirse en una movilización de toda la comunidad educativa.
