La situación de los menores migrantes no acompañados acogidos en Ceuta ha abierto un nuevo frente político en Andalucía. Por Andalucía y Adelante Andalucía han reclamado al Gobierno de Juanma Moreno que participe en la acogida de menores procedentes de la ciudad autónoma y que cumpla los mecanismos de solidaridad establecidos entre las comunidades.
La petición se produce en un momento de especial presión sobre el sistema de protección de Ceuta, que atiende a un número de menores muy superior a su capacidad ordinaria. El Gobierno central ha tenido que aprobar medidas extraordinarias para reforzar los recursos destinados a su atención y facilitar la aplicación de los mecanismos de distribución territorial.
Los grupos de la izquierda andaluza consideran que Andalucía debe asumir su responsabilidad como comunidad autónoma y contribuir a descongestionar el sistema de protección ceutí. Su posición parte de la necesidad de garantizar el interés superior de los menores y de evitar que la atención recaiga exclusivamente sobre los territorios de llegada.
La controversia se sitúa además en un escenario político complejo para el Ejecutivo autonómico, debido a la posición de Vox, contrario a la acogida de nuevos menores migrantes procedentes de otras comunidades o territorios.
La Junta de Andalucía mantiene que cumplirá las obligaciones que establezca la legislación, aunque reclama al Gobierno central que asuma sus competencias en materia de inmigración y que aporte los recursos necesarios para afrontar la situación.
El Ejecutivo autonómico ha defendido asimismo la necesidad de que exista una respuesta estatal coordinada y ha cuestionado que las comunidades tengan que asumir de manera individual una responsabilidad derivada de la presión migratoria en las fronteras.
Un sistema de acogida sometido a una fuerte presión
Ceuta se encuentra en una situación extraordinaria debido al elevado número de menores migrantes no acompañados bajo protección de la ciudad. La capacidad ordinaria de acogida ha sido ampliamente superada, lo que ha obligado a habilitar recursos adicionales y a recurrir a mecanismos extraordinarios de financiación.
El Gobierno central ha aprobado una partida específica para reforzar la atención a estos menores y ha activado los procedimientos destinados a facilitar su traslado a otras comunidades autónomas. El sistema de reparto pretende precisamente evitar que Ceuta, Canarias o Melilla soporten en solitario las consecuencias de las llegadas de menores, distribuyendo la responsabilidad entre diferentes territorios en función de criterios previamente establecidos.
La cuestión genera, sin embargo, importantes discrepancias políticas. Mientras las formaciones de izquierda reclaman que Andalucía participe en la acogida, Vox mantiene su rechazo a cualquier incremento del número de menores migrantes atendidos por la comunidad. En este contexto, el Gobierno andaluz trata de mantener una posición intermedia: afirma que cumplirá las obligaciones legales, pero insiste en que la política migratoria corresponde al Estado y reclama mayor financiación y coordinación.
Andalucía, ante una nueva disputa política
La cuestión puede convertirse en uno de los primeros asuntos de relevancia del nuevo curso político andaluz. Por Andalucía y Adelante han elevado la presión sobre Moreno para que la comunidad participe activamente en la respuesta a la emergencia de Ceuta. Las formaciones de izquierdas sostienen que la protección de los menores no puede quedar condicionada por el debate político sobre inmigración y que las administraciones deben garantizar recursos suficientes para atenderlos adecuadamente.
La Junta, por su parte, tendrá que concretar su posición a medida que avance el mecanismo de distribución y se determine qué comunidades deben recibir nuevos menores. El debate plantea además una cuestión de fondo sobre el funcionamiento del sistema de protección de menores migrantes en España: cómo repartir una responsabilidad que corresponde a las comunidades autónomas cuando la llegada de menores se concentra de manera extraordinaria en territorios fronterizos.
Para Andalucía, la decisión tendrá también una dimensión política. El Gobierno de Moreno deberá compatibilizar el cumplimiento de sus obligaciones legales con la posición de Vox, socio parlamentario que rechaza nuevos traslados, mientras la izquierda reclama una participación activa de la comunidad.
