La Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo plan para movilizar suelo público con capacidad para desarrollar 3.678 viviendas en las ocho provincias andaluzas, dentro del Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La operación contempla 327 parcelas de uso residencial, con cerca de 375.000 metros cuadrados de edificabilidad, que podrían acoger 3.678 viviendas. De ellas, 2.964 serían protegidas y 714 libres. El plan forma parte de una oferta más amplia de 735 inmuebles de titularidad pública, cuyo valor mínimo conjunto asciende a 124,3 millones de euros.
La iniciativa llega en un contexto de elevada presión sobre el acceso a la vivienda y pretende incorporar al mercado terrenos que actualmente forman parte del patrimonio público de la Junta.
Almería sólo contará con suelo para 146 viviendas
La provincia de Almería aparece en el reparto territorial con capacidad para desarrollar 146 viviendas, una cifra que sitúa al territorio almeriense en la parte más baja de la distribución provincial.
El reparto anunciado por AVRA está encabezado por Cádiz, con 1.102 viviendas, seguida de Huelva, con 692; Granada, con 624, y Sevilla, con 551. A continuación aparecen Jaén, con 237; Málaga, con 232; Almería, con 146, y Córdoba, con 94.
En conjunto, Cádiz concentra prácticamente un tercio de toda la capacidad residencial contemplada en este programa, mientras que Almería representa alrededor del 4% del total.
La distribución responde a la disponibilidad de patrimonio residencial de AVRA en cada provincia y a las posibilidades urbanísticas de los terrenos incluidos en el plan.
Casi el 81% de las viviendas serían protegidas
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es el peso que tendrá la vivienda protegida. De las 3.678 viviendas que podrían desarrollarse, 2.964 —aproximadamente el 81%— estarán sometidas a algún régimen de protección, frente a las 714 previstas como libres.
La Junta plantea así la movilización de suelos públicos como una de las herramientas para incrementar la oferta residencial y, especialmente, para facilitar la construcción de viviendas con precios limitados. El objetivo es poner el patrimonio público a disposición de las necesidades residenciales de cada territorio y favorecer nuevas promociones, con especial atención a la vivienda protegida.
El plan de AVRA no se limita a las parcelas residenciales. En total, contempla 735 inmuebles de titularidad pública, con un valor mínimo conjunto de 124,3 millones de euros. Además de las 327 parcelas residenciales, la oferta incluye 226 parcelas industriales, dos parcelas dotacionales, una nave industrial, 43 locales comerciales, 120 plazas de garaje y 13 trasteros.
El plan combina, por tanto, una vertiente estrictamente residencial con otra destinada a facilitar la actividad empresarial mediante la puesta en circulación de patrimonio público.
Concurso, subasta y colaboración con el sector privado
La incorporación de los terrenos al mercado no se realizará mediante un único procedimiento. Según la planificación de AVRA, los suelos se ofrecerán principalmente mediante concursos y subastas, aunque también se contemplan fórmulas de colaboración público-privada. Entre ellas figura la permuta de suelo, que permitiría facilitar el desarrollo de promociones residenciales a cambio de obtener un mayor aprovechamiento del patrimonio de la Agencia.
Esta fórmula adquiere importancia porque la puesta a disposición de suelo no equivale por sí misma a la construcción inmediata de las viviendas. Para que las 3.678 unidades lleguen finalmente al mercado deben producirse posteriormente los procesos de adjudicación, promoción, obtención de licencias y ejecución de las obras correspondientes. Por ello, la cifra anunciada representa la capacidad edificatoria de los terrenos incluidos en el plan, no un número de viviendas actualmente en construcción.
La operación de 2026 da continuidad a la estrategia desarrollada por AVRA durante el ejercicio anterior para poner en circulación parte de su patrimonio.
Las adjudicaciones realizadas en 2025 permitirán construir al menos 588 nuevas viviendas a través de operaciones ya cerradas. Entre ellas figuran 103 viviendas en Jerez, 25 en Cártama, 10 en Córdoba, cinco en Málaga, 48 en Algarrobo y 397 en Granada. El nuevo plan pretende ampliar esa capacidad mediante la incorporación de nuevos terrenos y el uso de diferentes mecanismos de colaboración con promotores.
La Agencia considera que la disponibilidad de suelo es una pieza esencial para aumentar la oferta residencial, especialmente en aquellos mercados locales donde existe una fuerte demanda y una limitada capacidad de generación de nuevas viviendas.
La vivienda protegida, eje de la política autonómica
La movilización de suelo forma parte de una estrategia más amplia de la Junta en materia de vivienda. La Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía, establece entre sus objetivos la planificación de las políticas residenciales y pone especial énfasis en el incremento sostenido del parque público de viviendas. La norma contempla el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo como instrumento para fijar objetivos plurianuales y establecer las actuaciones y financiación necesarias.
La legislación también concede un papel relevante a los ayuntamientos. Los municipios de más de 10.000 habitantes, los municipios costeros y los integrados en determinadas aglomeraciones urbanas están obligados a elaborar planes municipales de vivienda y suelo. Estos instrumentos deben analizar las necesidades residenciales, la oferta y demanda existente y los terrenos disponibles para vivienda protegida y asequible. De esta forma, la política de suelo autonómica se conecta con la planificación urbanística y residencial de cada municipio.
Más actuaciones para ampliar el parque de alquiler
La movilización de suelo se suma a otros programas de vivienda protegida impulsados por la Administración autonómica. En 2026, la Junta mantiene actuaciones destinadas a incrementar el parque de viviendas protegidas en alquiler o en régimen de cesión de uso, dentro del Plan Vive en Andalucía y de los programas estatales de vivienda.
Además, el Gobierno andaluz ha informado de que 180 municipios se habían adherido a las medidas urgentes aprobadas para facilitar la disponibilidad de suelo y aumentar la oferta de vivienda protegida. Durante el primer año de aplicación de ese decreto se habían activado proyectos para 8.256 viviendas protegidas.
La revisión del Plan Vive para el periodo 2026-2030 constituye, asimismo, otro de los instrumentos con los que la Administración autonómica pretende actualizar su política residencial ante las nuevas condiciones del mercado.
El reto: que el suelo se convierta en viviendas
La principal cuestión que queda ahora abierta es el ritmo al que el suelo movilizado puede transformarse efectivamente en viviendas. Las 3.678 viviendas anunciadas no son promociones en ejecución, sino la capacidad residencial de 327 parcelas que AVRA prevé sacar al mercado. El desarrollo efectivo dependerá de los procedimientos de adjudicación y de los posteriores trámites urbanísticos y constructivos.
La diferencia es especialmente importante en un mercado en el que la disponibilidad de suelo constituye solo uno de los factores que condicionan el precio final de la vivienda. Los plazos administrativos, los costes de construcción, la financiación y la capacidad de los promotores para ejecutar las actuaciones también determinarán cuándo esas viviendas pueden llegar a sus futuros compradores o arrendatarios.
En el caso de Almería, el plan autonómico contempla suelo para 146 viviendas. La cifra es una parte pequeña de la operación regional, pero supone la incorporación de nuevo patrimonio público a una estrategia que pretende aumentar la oferta residencial y, sobre todo, el número de viviendas sometidas a algún régimen de protección.
El siguiente paso será determinar dónde se encuentran exactamente esas parcelas, cómo se adjudicarán y cuándo podrán comenzar las promociones, cuestiones que serán determinantes para comprobar el impacto real de la iniciativa sobre el acceso a la vivienda en la provincia.
