La política de vivienda vuelve a abrir un frente de conflicto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. El Ejecutivo andaluz ha anunciado que presentará alegaciones contra el proyecto estatal que condiciona el acceso a 90 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha cuestionado que la declaración de estas zonas se convierta en un requisito para acceder a recursos públicos destinados a mejorar el acceso a la vivienda. Según ha defendido, Andalucía considera que esa decisión debe corresponder a cada comunidad autónoma y no puede convertirse en un criterio para determinar qué territorios reciben financiación estatal.
Andalucía se encuentra actualmente fuera del reparto planteado porque no ha declarado zonas de mercado residencial tensionado al amparo de la Ley estatal de Vivienda. En cambio, el proyecto contempla la distribución de los 90 millones entre Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, comunidades que sí han recurrido a esta figura.
El Gobierno andaluz sostiene que la existencia de dificultades para acceder a una vivienda no depende exclusivamente de que un territorio haya sido declarado formalmente como zona tensionada. Por ello, plantea que el reparto de las ayudas tenga en cuenta indicadores objetivos de necesidad residencial.
Entre esos criterios, la Junta propone valorar la evolución de los precios de compraventa y alquiler, el esfuerzo económico que deben realizar las familias, el crecimiento de la demanda, la relación entre oferta y demanda, la producción de vivienda y la disponibilidad de vivienda asequible y social.
La consejera ha defendido que los recursos públicos deberían distribuirse en función de las necesidades reales de la población y no del modelo regulatorio elegido por cada comunidad autónoma.
La controversia se centra así en una cuestión de fondo: si la declaración de una zona tensionada debe ser una herramienta voluntaria de política de vivienda o convertirse, de hecho, en una condición para acceder a determinados fondos estatales.
Un nuevo capítulo en la disputa por el Plan Estatal de Vivienda
El enfrentamiento se suma a las discrepancias que ambos gobiernos mantienen desde hace meses sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El plan, regulado mediante el Real Decreto 326/2026, contempla una dotación estatal destinada a incrementar la oferta de vivienda pública, protegida y asequible. La norma establece, entre otras cuestiones, que las ayudas pueden incrementarse cuando las actuaciones de promoción de vivienda social se desarrollen en zonas de mercado residencial tensionado.
La Junta ya había anunciado en junio su intención de plantear un conflicto de competencia contra distintos aspectos del plan estatal. El Ejecutivo andaluz sostiene que determinadas condiciones establecidas por el Estado limitan su capacidad para diseñar y gestionar sus propias políticas de vivienda y afectan a su autonomía financiera.
La posición de Andalucía contrasta además con su postura inicial respecto al reparto del Plan Estatal de Vivienda. En mayo, la Junta aceptó los criterios generales de distribución de los fondos, aunque expresó su rechazo a lo que consideraba una imposición del modelo estatal. Ahora, el nuevo reparto de 90 millones vuelve a colocar las zonas de mercado residencial tensionado en el centro de la disputa.
La vivienda, en el centro del debate político andaluz
Mientras continúa el enfrentamiento institucional, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de la agenda política andaluza.
La Junta defiende como alternativa un modelo basado en aumentar la oferta mediante la movilización de suelo, la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación y la colaboración entre recursos públicos y privados. Entre sus objetivos para la legislatura figura impulsar 20.000 nuevas viviendas protegidas y favorecer la rehabilitación de 22.000 inmuebles. También ha anunciado programas dirigidos a jóvenes y familias, entre ellos líneas de avales y ayudas para la compra y el alquiler con opción a compra.
Desde la oposición, los grupos parlamentarios han situado precisamente la dificultad de acceso a la vivienda entre los principales problemas de Andalucía y han reclamado una mayor utilización de las herramientas previstas en la legislación estatal, incluida la declaración de zonas tensionadas.
El debate trasciende, por tanto, la distribución de una partida concreta de 90 millones. En el fondo se enfrentan dos concepciones diferentes sobre cómo abordar la crisis residencial: la apuesta de la Junta por incrementar la oferta y mantener margen de decisión autonómico frente a un modelo estatal que vincula determinadas medidas y recursos a instrumentos como las zonas de mercado residencial tensionado.
Andalucía prepara ahora sus alegaciones para intentar modificar el criterio de reparto. El resultado determinará si la declaración de estas zonas continúa siendo una decisión política de cada comunidad o si pasa a convertirse, para determinadas líneas de financiación estatal, en una condición necesaria para acceder a los recursos.
