En plena oleada de grandes incendios forestales, ha resurgido un discurso que atribuye la gravedad de los fuegos a una supuesta prohibición legal para limpiar los montes. Sin embargo, la legislación vigente desmiente esa afirmación: la Ley de Montes no solo permite las labores de prevención, sino que obliga a las administraciones y a los propietarios a desarrollar actuaciones de gestión forestal para reducir el riesgo de incendios.
En los últimos días, dirigentes del Partido Popular y de Vox han sostenido que la normativa ambiental impide desbrozar los montes o retirar vegetación, relacionando esa supuesta prohibición con la magnitud de los incendios que afectan a distintas comunidades autónomas. Estas afirmaciones se han difundido ampliamente en redes sociales, donde se ha vuelto a plantear la idea de que las leyes de protección ambiental son responsables de la acumulación de combustible vegetal en los bosques.
Sin embargo, el contenido de la Ley 43/2003, de Montes, desmiente esa interpretación. La norma establece expresamente que las administraciones públicas deben promover una gestión forestal sostenible y desarrollar medidas de prevención frente a los incendios. Entre ellas se incluyen trabajos de desbroce, eliminación de vegetación seca, apertura y mantenimiento de cortafuegos, tratamientos selvícolas, limpieza del monte y otras actuaciones destinadas a reducir la carga de combustible vegetal.
La legislación también obliga a las comunidades autónomas a elaborar planes de prevención y defensa contra incendios forestales, especialmente en las zonas de mayor riesgo. Son precisamente estas administraciones las que tienen atribuida la competencia para planificar, autorizar y ejecutar los trabajos de gestión forestal, adaptándolos a las características de cada territorio y garantizando al mismo tiempo la conservación de los ecosistemas.
La protección ambiental no impide la prevención
Expertos en derecho ambiental recuerdan que la protección de la biodiversidad y la prevención de incendios no son objetivos incompatibles. De hecho, la gestión forestal sostenible constituye uno de los pilares de la política ambiental española y europea, buscando compatibilizar la conservación del medio natural con la reducción del riesgo de grandes incendios.
Otro de los argumentos que han vuelto a aparecer en el debate público hace referencia a la imposibilidad de recalificar terrenos quemados. En este caso, la Ley de Montes mantiene desde hace años la prohibición general de modificar el uso forestal de los terrenos afectados por incendios durante un periodo de treinta años, salvo excepciones muy tasadas previstas legalmente. Esta medida pretende evitar que los incendios puedan utilizarse con fines urbanísticos o especulativos.
Los incendios responden a múltiples factores
Los especialistas coinciden en que la propagación de los grandes incendios forestales depende de numerosos factores. Entre ellos destacan las elevadas temperaturas, la sequía prolongada, la baja humedad ambiental, los episodios de viento intenso, el abandono del medio rural y la acumulación de biomasa en determinadas zonas. A ello se suma el impacto del cambio climático, que está aumentando la frecuencia e intensidad de los incendios de sexta generación, mucho más difíciles de controlar.
En este contexto, los expertos advierten de que reducir el problema a una supuesta prohibición legal para limpiar los montes no refleja la realidad de la normativa ni de la gestión forestal. La legislación vigente contempla expresamente herramientas para prevenir los incendios y atribuye a las comunidades autónomas la responsabilidad de desarrollar políticas eficaces de prevención, vigilancia y extinción, junto con una adecuada planificación y dotación de recursos.
