El Gobierno aprobó ayer un real decreto para restaurar plenamente el acceso universal y gratuito al sistema sanitario público en España, una medida que permitirá recibir atención médica a todas las personas que residan en el país, independientemente de su situación administrativa. La norma pretende corregir los vacíos legales que aún persistían desde la reforma de 2018 y que en la práctica dejaban fuera de la cobertura a parte de la población migrante.
El nuevo decreto establece un procedimiento más sencillo para acceder a la asistencia sanitaria. Las personas sin documentación regular podrán solicitarla mediante una declaración responsable y documentación flexible que acredite su residencia, como certificados de empadronamiento, informes sociales o escolares. Una vez presentada la solicitud, el sistema sanitario deberá emitir una resolución en un plazo máximo de tres meses y, mientras tanto, el acceso a la atención quedará garantizado.
Además, la normativa refuerza la protección de colectivos vulnerables. Entre quienes tendrán asegurado el acceso inmediato se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia, solicitantes de asilo o personas con enfermedades de declaración obligatoria, independientemente de su situación administrativa.
Impacto en Almería
La medida puede tener un efecto especialmente relevante en provincias con una elevada presencia de población migrante como Almería. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, la provincia cuenta con unos 178.500 residentes extranjeros, alrededor del 23% de su población total, una de las proporciones más altas de España.
A nivel nacional, distintas estimaciones sitúan en torno a 686.000 las personas que viven en España en situación administrativa irregular.
Si se aplica una proporción similar a la estructura migratoria de la provincia —caracterizada por un peso importante del trabajo agrícola y por una elevada población extranjera—, entre 10.000 y 20.000 personas en Almería podrían beneficiarse directamente de la recuperación plena de la sanidad universal. Esta cifra incluye principalmente trabajadores migrantes y sus familias que, hasta ahora, encontraban dificultades para obtener tarjeta sanitaria por trabas burocráticas o por no poder acreditar determinados requisitos administrativos.
Organizaciones sanitarias y sociales venían reclamando esta reforma desde hace años, al considerar que las lagunas normativas generaban desigualdades territoriales y dejaban a miles de personas sin seguimiento médico regular. En muchos casos, esto provocaba que los pacientes solo acudieran a urgencias cuando su estado de salud ya era grave, algo que también aumentaba la presión sobre el sistema sanitario.
Con la nueva regulación, el Ejecutivo pretende garantizar el derecho a la salud para toda la población residente y reforzar el papel de la atención primaria, evitando que la falta de documentación se convierta en una barrera para acceder al sistema sanitario.
