Muy ufana se mostraba la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, cuando en comisión parlamentaria informaba a sus señorías que Andalucía “bate nuevo récord en dependencia: más de 311.600 beneficiarios y 472.300 prestaciones”, cifras que representan en ambos casos un considerable aumento respecto a 2018.
En efecto, mas esos datos tan “optimistas” ocultan que todavía 51.547 personas en Andalucía estaban a la espera de una valoración o prestación, tan solo por debajo de Cataluña (81.894), según el último Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia con datos oficiales a fecha de 30 de septiembre de 2025.
Un periodo de tiempo medio de tramitación que en España alcanza los 349 días, frente a los 559 días en Andalucía, la mayor demora del país, y muy por encima del límite legal establecido de seis meses. Un retraso que hasta esa fecha ha supuesto en nuestro país el fallecimiento de más de 25.000 personas sin prestación, bien por no haber sido valoradas o con la ayuda reconocida pero sin recibirla. En Andalucía, en esta situación murieron 5.292 individuos, según las mismas fuentes. Unos datos que no invitan precisamente al optimismo mostrado por la consejera López en tribuna parlamentaría.
Una demora en el tiempo de tramitación que el informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales atribuye a los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que generaron enormes bolsas de desatención. También, al disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios.
El informe concluye que, tras 18 años de vigencia de la Ley de Dependencia, España mantiene un modelo “low cost” que se apoya en ayudas de bajo importe, tiempos excesivos y grandes desigualdades territoriales. Las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.835 €) y Extremadura (2.779 €), y las que menos Galicia (1.317 €) ,Canarias (1.339 €) y Andalucía (1.997 €).
